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Sánchez negoció con ERC la pinza para retorcer la Constitución: García en Fiscalía y Pumpido en el TC

El Gobierno ha negociado y aceptado múltiples cuestiones con ERC. La primera, acabar con el español en las aulas catalanas. La segunda, lo que han bautizado como la «desjudicialización» de la política: es decir, generar la mayor órbita de impunidad para los delincuentes relacionados con el separatismo. Y, la tercera, sólo por mencionar alguna más, el incremento de las inversiones destinadas a Cataluña. Pero una duda ha quedado sin explicar: cómo se conseguirá retorcer la Constitución y el Código Penal para que quepan las exigencias de los separatistas. Y la fórmula también se ha negociado entre el Gobierno y ERC. Consiste en una pinza Fiscalía-Tribunal Constitucional con el fin de forzar la entrada de unos pactos que vulneran la esencia más elemental de esas normas. Y se hará con el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la persona a la que el PSOE pretende sentar al frente de su nuevo Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

Ese es el plan. Un esquema diseñado para que un nuevo Tribunal Constitucional asuma interpretaciones casi esotéricas de la Carta Magna: relecturas de la Constitución que admitan desde la representación internacional de Cataluña, hasta avances para la materialización de una Agencia Tributaria catalana plenipotenciaria, pasando por violaciones de las exigencias educativas del español anulándola como lengua vehicular. Y el PSOE ha pensado en una persona como cabeza de ese nuevo Tribunal Constitucional: Cándido Conde Pumpido.

El protagonismo de Conde Pumpido no será exclusivo. Pedro Sánchez no ha conseguido hacerse con el control del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y eso significa que necesita otra forma de «desjudicializar» —paralizar y pisotear por decisión política actuaciones judiciales en curso— los procesos o imputaciones iniciados ya contra más de 300 CDR y tsunamis con delitos relacionados con el separatismo.

Y para frenar la actuación independiente de la Justicia necesita que la Fiscalía bloquee las acusaciones ya realizadas en sede judicial o en fase de preparación. Ahí es donde el Gobierno quiere que entre en escena la figura del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Traducido: que el sucesor de Dolores Delgado extienda el ejemplo de su reciente actuación en el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco a las distintas causas por delitos relacionados con el separatismo catalán.

Una pinza perfectamente diseñada —y negociada— para lograr, pisoteando la independencia de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, los mayores avances imaginables del separatismo.

Y es que, por ejemplo, la extensión del nuevo indulto solicitado por el presidente catalán, Pere Aragonés, a Pedro Sánchez y asumida ya por el Gobierno supone todo un paraguas de impunidad para los separatistas. Aragonés ha exigido el perdón general para los violentos ya confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndum. ERC, de hecho, registró el pasado mes de mayo en el Congreso su petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los más de 300 CDR y Tsunamis. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndums separatistas.

La petición se hizo verbal en el encuentro de Sánchez y Aragonés. Y, además, el presidente de España fue prevenido el pasado mes de mayo de toda la magnitud de las exigencias de los separatistas: ERC registró en ese momento formalmente en el Congreso de los Diputados una amnistía general, no sólo para todos los culpables del golpe separatista del 1-O ya condenados y perdonados, sino también para Carles Puigdemont y los más de 300 CDR y miembros de Tsunami Democràtic que se encuentran en procesos por delitos relacionados con el separatismo.

El documento de ERC no deja lugar a dudas. Exige a Sánchez que «reforme los preceptos penales de rebelión y sedición. Pero no reformarlos de cualquier manera, sino de manera que su interpretación no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal, teniendo en cuenta que se despenalizó en 2005, o que pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas».

En segundo lugar reclama que «indulte a los presos políticos catalanes» y que retire «los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas». A esas reclamaciones le suman que «retire todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión».

Y, para finalizar, exige que Sánchez «asegure que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se determine, si y sólo si, la pérdida para el presupuesto estatal o en sus activos, es real y cuantificada». Por las declaraciones del Gobierno, el pacto avanza sobre esas bases. Y eso exige de todo un ejercicio de vulneración de la esencia del aparato legislativo español.

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