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Sánchez ordenó presentar la proposición de ley tras constatar que Irene Montero «no atendía a razones»

La primera vez que el Gobierno abrió la puerta a modificar la ley de Irene Montero fue el pasado seis de diciembre. Ese día, varios ministros sugirieron que podrían cambiar la norma mediante una enmienda en una ley orgánica. La sentencia del Constitucional, amparando al PP y rechazando que se cambiasen leyes mediante enmiendas en otras normas sin conexión, frustró el plan.

Desde que en noviembre se conocieron las primeras rebajas de penas, una parte del sector socialista era partidario de modificar el «sí es sí» para acabar con el goteo de casos. Lo exteriorizó la ministra de Hacienda, y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero nada más conocerse la primera rebaja. En ese núcleo también estaba la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero Irene Montero no quería tocar su ley.

Pedro Sánchez, para evitar más problemas, decidió salvar la coalición y lanzó la pelota a la «unificación de doctrina». Un mantra al que apeaban en público y en privado pero que no convencía a los presidentes autonómicos y a los alcaldes que en mayo se juegan su reelección. Es lo que algunos en el PSOE denominaban como «la china en el zapato» y así se lo hacían saber a la dirección federal. «No podemos seguir así», afirmaba un presidente autonómico.

Atrincherada

Cuando se rebasó la cifra de 200 rebajas penitenciarias, Sánchez y el PSOE ya tenían claro que había que modificar la ley pero tenían un problema: el núcleo duro de Igualdad. «No atienden a razones«, afirman algunos colaboradores de Pedro Sánchez sobre Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam. A ellas se sumaba la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Algún ministro cree que, con el tiempo, Irene Montero se ha vuelto «más inflexible«. Este pasado sábado, La Vanguardia publicaba que Igualdad accedía a cambiar la ley. «Ojalá», añadía algún miembro del gabinete que se mostraba incrédulo ya que, sólo unas horas antes, Montero se había negado.

Y aislada

En ese momento, cambiar la ley era una prioridad para Pedro Sánchez y la modificación se haría «sí o sí», aunque Podemos estuviese en contra. Efectivamente, a las pocas horas, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique mostraban su oposición férrea con una retahíla de mensajes y tuits pero su opinión sólo representaban a una parte de la coalición de partidos que forman Unidas Podemos.

Tanto IU como Yolanda Díaz se mostraban en privado partidarios modificar la ley antes de las municipales autonómicas aunque todos dan por hecho que no se podrá hacer nada con los violadores que han salido a la calle o los que han visto rebajada su condena.. El objetivo ahora es que no siga el goteo. «Hay que ponerle puertas a los efectos indeseados», afirman en la dirección del PSOE donde creen que debe ser Justicia «porque tiene los mejores juristas».

Amplia mayoría

La proposición de ley la presentará el PSOE y creen que saldrá adelante sin problemas. «Nadie no puede estar de acuerdo con endurecer las penas«, afirman. Además de IU o varias confluencias como los Comunes, los socialistas contarían con el respaldo de partidos como Compromís, Más País o el PNV que están a favor de la modificación.

También Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su disponibilidad para respaldar al PSOE pero, de momento, no hay contactos entre el Gobierno y el PP. Esta decisión podría dejar solo a Podemos pero en el Gobierno y en el PSOE creen que «están medidas las consecuencias políticas«. O eso esperan aunque con Montero nunca se sabe.