Según han adelantado varios medios y ha podido confirmar Libertad Digital de fuentes gubernamentales dignas de toda confianza, el Gobierno ha decidido no esperar –tal y como exige la Constitución– a que el Consejo General del Poder Judicial escoja también a otros dos magistrados para el Tribunal Constitucional, y nombrará ya a los que dependen de él.
Lo más sorprendente son quizá los nombres que cita el diario de Prisa y que, sin ninguna duda, provienen de una filtración desde el propio Ejecutivo: serían Juan Carlos Campo, el anterior ministro de Justicia nombrado por el propio Pedro Sánchez, y Laura Díez, que hasta hace sólo seis meses era directora general en Ministerio de Presidencia, a las órdenes de Félix Bolaños.
De confirmarse la noticia sería la segunda vez que Pedro Sánchez elige a alguien a quién él mismo ha nombrado como ministro para un alto cargo dentro de la estructura del Poder Judicial, pues ya lo hizo para colocar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.
Un nombramiento inconstitucional
La de Sánchez sería una maniobra arriesgada desde el punto de vista legal y político, ya que la Constitución es tajante al respecto: el TC debe renovarse por tercios, es decir, de cuatro en cuatro magistrados, ya que está compuesto por una docena de miembros.
En esta ocasión corresponde que se nombre el tercio que depende del propio Gobierno y del CGPJ, pero los jueces del Consejo no se han puesto de acuerdo para elegir los dos magistrados que dependen de ellos, al intentar imponer los vocales progresistas unos nombres que han resultado inaceptables para el conjunto del órgano judicial.
