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Sánchez respaldó la decisión de Montero de no reclamar la devolución de los 680 millones robados en los ERE

Pedro Sánchez tuvo conocimiento de la decisión de no reclamar el dinero robado en los ERE. Era la época en la que él derrotaba a Susana Díaz en las primarias y volvía a ser secretario general. Pero no quiso guerra con un asunto que habría demolido a todos. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era la consejera de Hacienda de Díaz y se negó a exigir al equipo jurídico que reclamara la devolución del dinero, pese a que los fondos habían salido ilegalmente de las arcas de la Hacienda autonómica.

Susana Díaz tenía clara la defensa de Manuel Chaves y Griñán. Y Sánchez, tanto antes como después de su reelección como secretario general del PSOE, no objetó nada: defensa cerrada a los ahora ya condenados en firme y, ni por lo más remoto, exigencia de devolución del dinero robado. Paso de página.

Pedro Sánchez ha tenido dos etapas de ascenso en el PSOE. El 28 de junio de 2014, Sánchez fue proclamado candidato a la Secretaría General del PSOE por primera vez. Lograba hacerse con el control del partido el 13 de julio siguiente con un 49% de los votos. El Congreso Extraordinario del PSOE de los días 26 y 27 de julio ratificó su nombramiento y, con ello, su acercamiento al clan andaluz, el mismo que respaldaba y sigue respaldando a los condenados Manuel Chaves (prevaricación) y José Antonio Griñán (malversación y prevaricación). Pedro Sánchez «mantuvo en aquel momento comunicación fluida con el PSOE andaluz. Y claro que se habló de que había que parar todo lo relacionado con el caso ERE», señala una fuente y antiguo cargo del PSOE andaluz.

La relación se torció definitivamente en octubre de 2016. Pedro Sánchez asumió la pérdida del apoyo de su propia formación y entregó su acta de diputado sin llegar a estar presente en la investidura que confirmaría a Mariano Rajoy como presidente de España por segunda vez.

Pero el periplo de Sánchez le llevó a volver a verse las caras con los socialistas andaluces. El 21 de mayo de 2017 el autor de Manual de Resistencia recuperó la Secretaría General del PSOE y el control pleno del aparato político. La derrotada era la mismísima Susana Díaz, junto al ahora ascendente Patxi López. El Congreso del partido del 18 de junio de 2017 confirmaba el resultado y el retorno al poder de Sánchez.

Pero el ahora presidente pactó con los derrotados determinadas cosas. Y una de ellas, no lanzar bombas políticas al aire. Porque todos entendieron que caerían sobre todos ellos, sin demasiada distinción. Entre esas materias pactadas, Sánchez aceptó la defensa a ultranza de Chaves y Griñán. Y, dentro de ella, la no reclamación del dinero de los ERE. Tal y como así ocurrió sin que Sánchez pestañeara y bajo el impulso de la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia condenatoria por el caso ERE con una cifra escandalosa en materia de corrupción: 680 millones de euros. Montero fue consejera bajo el mando directo de los dos principales condenados: Chaves y Griñán. Y mantuvo su cuota de poder en el Gobierno andaluz de Susana Díaz. María Jesús Montero podía haber aliviado una gran parte del daño provocado por la inmensa corrupción de los 680 millones de euros de los ERE, según el sistema normativo. Pero no lo hizo. No solicitó la restitución del dinero cobrado fraudulentamente. No lo hizo pese a que la legislación la designaba como la persona encargada de hacerlo: porque ella era la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Y no lo hizo con pleno conocimiento y respaldo de todos. Incluido Pedro Sánchez.

Montero fue consejera de Sanidad y Consumo desde el 25 de abril de 2004 hasta el 7 de mayo de 2012, tocando años del mandato del condenado por prevaricación Manuel Chaves. Fue igualmente consejera de Salud y Bienestar Social entre el 7 de mayo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, con José Antonio Griñán como presidente autonómico. Y Montero ocupó, además, el cargo de consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018 con Susana Díaz.

Y en ese último periodo, la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no reclamar los 680 millones robados en los ERE. Y es que Montero era en las fechas en las que se adoptaron las primeras decisiones judiciales ahora plenamente confirmadas —2016 y 2017— la consejera de Hacienda.

Los equipos jurídicos del PSOE tomaron la decisión en 2016 y 2017 de combatir el proceso judicial del caso ERE. Una decisión que se habló con Pedro Sánchez y que el ahora presidente nunca discutió. Esos equipos jurídicos tenían una dependencia obvia de la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz. Y la venia de Ferraz —antes y después de la llegada de Sánchez a la Secretaría General—, por lo que pidieron el archivo de la causa penal e impidieron la reclamación de la devolución de los 680 millones de euros robados por la trama corrupta.

Pedro Sánchez tuvo un papel importante en el apoyo a esas decisiones. Él ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017 y decidió respaldar la omisión absoluta de respuesta ante semejante montaña de corrupción. Resultado: nada se hizo para exigir la devolución de los 680 millones robados manteniendo el bloqueo a la recuperación de tamaño importe. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue igualmente clave. La reforma legal andaluza de 2011 señala a la Consejería de Hacienda como responsable de decidir si se reclaman o no judicialmente los importes defraudados: y en aquellos años decisivos de 2016 y 2017 la consejera de Hacienda era la actual ministra de Hacienda.

El texto que reguló esta función del consejero de Hacienda fue el «Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía». Esta norma destaca en su «disposición adicional primera, delegación de competencias» que «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de éstas, por parte del Gabinete Jurídico». Y añade que «todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad», que es, una vez más, la de Hacienda. La ocupada en aquellas fechas por Montero.

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