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Sánchez riega Cataluña de millones mientras niega el IVA a las autonomías

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El riego de concesiones políticas y financieras con el que ha sido agraciada Cataluña tras la visita de Pedro Sánchez ha provocado un profundo malestar entre las comunidades del PP, que se sienten ninguneadas por el Gobierno.

Aunque el Gobierno intentó compensar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su negativa a devolver los 2.500 millones de euros pendientes por la liquidación del IVA con la promesa de no contabilizar esa deuda como déficit autonómico, el malestar es profundo y va más allá de lo estrictamente financiero.

«Sánchez le quita 2.500 millones a hospitales y colegios para dárselo a Quim Torra, a sus embajadas y a TV3″, dijo ayer el número dos del PP, Teodoro García Egea, como resumen del sentir de las comunidades españolas agraviadas por la doble vara de medir del Gobierno.

«Los barones socialistas deben elegir entre apostar por hospitales o la educación en su tierra o bailarle el agua a Sánchez«, añadió luego Egea, conocedor de la inquietud que provoca en algunos barones autonómicos socialistas la mano ancha de Sánchez con el nacionalismo catalán. 

Ni siquiera la promesa del Gobierno de crear una línea de crédito del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) a un interés del 0% ha servido para aplacar los ánimos de unas comunidades que no quieren permiso de Hacienda para endeudarse más, sino que se les pague el dinero del IVA que se les debe.

De acuerdo a los cálculos del Ministerio de Hacienda, si los 2.500 millones del IVA que el Gobierno le debe a las comunidades fueran descontados del déficit, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja cumplirían con el objetivo del 0,2% fijado para 2019. Cataluña se quedaría cerca de él. 

Pero comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía o Murcia rechazan que la promesa del Gobierno de cerrar los ojos al impacto en el déficit provocado por los incumplimientos del propio Gobierno deba ser aplaudido o considerado como una concesión.

Cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno permite a las comunidades cumplidoras emitir deuda y financiarse con créditos «blandos» del Gobierno, pero el pago de los 2.500 millones adeudados permitiría a las autonomías pagar a sus proveedores y aliviar su presión financiera.

Al malestar con el Gobierno por los privilegios concedidos a Cataluña se suman noticias como la del bloqueo el pasado miércoles por parte de la ministra de Hacienda María Jesús Montoro de un préstamo del Banco de Inversiones Europeo (BIE) de 320 millones para Murcia.

El préstamo estaba destinado a paliar los efectos de la tormenta Dana y a la recuperación del Mar Menor, pero el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de la comunidad sirvió de excusa para que Hacienda vetara la ayuda concedida a la comunidad gobernada por PP y Ciudadanos

Robin Hood inverso

La dureza del Gobierno con la mayoría de las comunidades españolas contrasta con su generosidad con Cataluña. Como una suerte de Robin Hood inverso que premia a las comunidades ricas mientras castiga a las pobres, Pedro Sánchez ha dejado a su paso por Cataluña un reguero de millones y de concesiones políticas y financieras con las que otras comunidades autónomas, indudablemente más leales a la Constitución que la catalana, no pueden ni soñar. 

Las privilegios, de enorme importancia económica y política, que Sánchez ha prometido a Quim Torra y Ada Colau durante las últimas 48 horas arrojan la imagen de un país radicalmente diferente al actual. El cumplimiento de todos e incluso de sólo una parte de ellos ahondaría en la desigualdad entre Cataluña y el resto de las comunidades y consolidaría una España de dos velocidades. Una España más parecida en su desigualdad entre regiones a la del siglo XIX que a la consagrada por la Constitución de 1978. 

Convertidas en un MacGuffin político hábilmente utilizado por Sánchez y Torra, las reivindicaciones separatistas relativas a los presos y a un referéndum de independencia han opacado durante los dos últimos días las verdaderas cesiones que Sánchez ha hecho a los nacionalistas catalanes. Una sola de ellas habría merecido semanas de debate político en el Congreso de los Diputados. Juntas en un solo paquete, han pasado inadvertidas para la mayoría de los medios de comunicación. 

Quiebra de la unidad

Sánchez se mostrado abierto a negociar con los separatistas una medida de enorme gravedad económica: la quiebra de la unidad de mercado español en beneficio de Cataluña, que es tanto como decir de la libre circulación de mercaderías y servicios y de la igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica por parte de todos los ciudadanos españoles.

Romper la unidad de mercado exigiría de hecho hacer caso omiso del artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe de forma expresa «adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español«. En su punto 1, el artículo 139 señala también que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». 

La promesa de romper la unidad de mercado trae de inmediato a la memoria los siniestros aranceles que en el siglo XIX arruinaron la industria del lino gallego, y otras muchas del resto de España, en beneficio del algodón catalán. De hecho, es imposible analizar el despegue económico de Cataluña durante el siglo XIX, y el hundimiento de otras como Andalucía, Galicia, Extremadura o las dos Castillas, sin tener en cuenta los privilegios industriales y financieros concedidos a la burguesía catalana por aquel entonces.

Deshaciendo el camino

No fue hasta la llegada de la democracia en 1978 y la desaparición de muchas de las ventajas competitivas que los distintos gobiernos españoles, incluido el franquismo, habían concedido históricamente a la burguesía catalana que otras comunidades pudieron por fin asomar la cabeza política y económicamente. Una situación que se mantuvo mal que bien durante los años noventa, pero que empezó a revertir a su estado original con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa y de Pasqual Maragall al palacio de la Generalidad. 

Zara, por ejemplo, nació en Galicia en 1974 y no en la comunidad que por tradición histórica e industrial sería su nicho lógico, Cataluña. Pero su despegue no se produjo hasta los años noventa, con la democracia plenamente asentada en España y la unidad española de mercado consolidada con firmeza por los primeros Gobiernos de PSOE y PP. La quiebra de la unidad de mercado prometida por Pedro Sánchez en beneficio de Cataluña amenazaría hoy con deshacer el camino recorrido y devolver a España al siglo XIX. 

De hacer caso a los antecedentes, el modelo a aplicar por el Gobierno del PSOE y de Podemos en beneficio de Cataluña podría seguir el camino de ese Ministerio de Agricultura que ha vetado en la práctica la creación de nuevas plantaciones de cava con la excusa de que estas «devalúan la denominación de origen y el precio del producto». Una medida que deja al borde de la quiebra a los productores extremeños y que beneficia a esos viticultores catalanes que copan casi por completo el Consejo regulador del cava y que ven así como sus competidores desaparecen del terreno de juego sin dejar mayor rastro. 

Cocapitalidad para Barcelona

Pero Sánchez también prometió al presidente de la Generalidad otras muchas medidas de indudable calado político. Blindar la inmersión lingüística, modificar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al gusto del nacionalismo, dar el visto bueno a las selecciones deportivas catalanas, regar de millones a los Mossos d’Esquadra y a TV3 aceptando todas sus dudosas reclamaciones financieras y a ceder la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales.

No acaban ahí las concesiones. Porque Pedro Sánchez, que no se ha reunido con ningún representante de Ciudadanos, primer partido catalán y líder de la oposición, ni con ningún representante o líder civil de la Cataluña constitucionalista, también ha prometido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, otras tantas concesiones. 

Y entre ellas, la cocapitalidad «cultural y científica» de Barcelona, que se traduce en una inversión de más de veinte millones de euros para la ciudad. Pero también el apoyo del Gobierno a Barcelona como sede en 2021 de la Global Universities Network for Innovation de la UNESCO. 

O la promesa de «cumplir lo pactado» con Podemos en referencia al control por parte de las Administraciones de los precios de los alquileres. Una petición histórica de Ada Colau y de Podemos que permitiría a las administraciones locales imponer precios inferiores al valor de mercado a los propietarios de inmuebles y que, de hacer caso a lo ocurrido en otras ciudades de todo el planeta que han aplicado medidas similares, acabaría redundando en un aumento del precio de los alquileres y en la degradación de buena parte de los barrios de la ciudad.