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Sánchez se inventa la «solidaridad obligatoria» para exigir a Ayuso alojar a todos los menas que rechace Cataluña

El nuevo concepto ha sido introducido por el PSOE en una proposición registrada en el Senado. Se trata de la «solidaridad obligatoria», y consiste en poder imponer a Madrid el cupo de alojamiento de inmigrantes que quiera Pedro Sánchez. El Gobierno ya prepara el próximo mecanismo de presión a Isabel Díaz Ayuso.

El PSOE ha presentado un texto para, dice, «impulsar la negociación y firma de un convenio de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para el estableciendo un procedimiento ágil que permita la derivación y distribución estable de los niños, niñas y adolescentes migrantes desde Canarias a otras Comunidades Autónomas, asumiendo dichas comunidades la tutela de los mismos». Pero el siguiente párrafo deja clara la intención de la medida: «Estudiar la puesta en marcha, en caso de que no exista voluntad de cooperar por parte de alguna Comunidad Autónoma, de un procedimiento, que sobre la base de la responsabilidad compartida y a la solidaridad obligatoria y vinculante, realice una distribución proporcional y justa entre todas las Comunidades Autónomas, primando el interés superior del menor y garantizando en todo momento sus derechos». «Sobre la base de la responsabilidad compartida y la solidaridad obligatoria y vinculante», señala. Traducido: que el Gobierno decide cuántos manda a cada región y las comunidades se callan. Madrid es el objeto de odio prioritario del Gobierno, con lo que resulta fácil adivinar el panorama que abre esta medida a Pedro Sánchez.

Invasión de competencias autonómicas

La argumentación de la medida no llega a justificar de ninguna manera la invasión de competencias autonómicas, especialmente cuando el mismo Gobierno acaba de pactar la cesión de la competencia íntegra de la inmigración a Cataluña por exigencia del separatismo. «Los menores inmigrantes son niños, niñas y adolescentes que en muchas ocasiones han llegado solos hasta nuestro país. En el argot técnico se les denomina MENA (menores extranjeros no acompañados), es decir, chicas y chicos menores de 18 años, migrantes, que se encuentran separados de sus padres y que tampoco están bajo el cuidado de ningún otro adulto», señala el texto.

«Es importante señalar que los niños, niñas y adolescentes menores no acompañados que deciden emprender el viaje, durante el trayecto migratorio corren el riesgo de sufrir múltiples violencias. Y, sin embargo, decenas de miles, muchos de ellos no acompañados o separados de sus familias, realizan un peligroso viaje como refugiados y migrantes con la esperanza de encontrar seguridad o una vida mejor en Europa», añade el documento del PSOE.

«Hay que tener en cuenta, además, que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a las personas menores de edad migrantes, que se encuentren en España, el derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que las personas menores de edad de nacionalidad española», prosigue.

Traslados de menores a la península

El redactado continua afirmando que, «entre los años 2021 y 2022 se acordaron 539 traslados de menores a la península, y en 2023 el de 345, cifra que sigue siendo insuficiente, sobre todo en este momento de repunte, pero que sirve de modelo para poner en práctica un reparto equitativo, proporcional y ordenado en todas las Comunidades Autónomas, siguiendo los principios de responsabilidad compartida y de solidaridad vinculante para conseguir la mejor atención a todos esos menores que están llegando a Canarias y que merecen ser cuidados y protegidos».

Añade que «en el año 2023 llegaron de manera irregular a Canarias por vía marítima 39.910 personas. Actualmente permanecen en las islas más de 5.700 menores. La derivación de los adultos ha sido y está siendo muy ágil por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con traslados que descongestionan los centros de acogida, permitiendo también la movilidad que necesitan las personas migrantes». Y que, «sin embargo, el traslado de los niños y niñas y adolescentes menores no acompañados, cuya responsabilidad y tutela recae en el Gobierno de Canarias, está siendo mucho más lento al no contar con la solidaridad suficiente por parte del resto de Comunidades Autónomas«.

El texto concluye afirmando que «es evidente que Canarias necesita un mayor compromiso y solidaridad por parte del conjunto de las Comunidades Autónomas. Tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar, entre todos, soluciones que garanticen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes menores no acompañados». Pero ni una línea para justificar una invasión de competencias autonómicas que, sin embargo blinda en el caso de Cataluña hasta entregar una competencia prohibida al separatismo: el control pleno de la inmigración.