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Se agudiza la tensión en el Gobierno: Podemos se abstendrá en la ley Zerolo y acusa al PSOE de “deslealtad”

Las diferencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición continúan a la gresca a cuenta de la conocida como Ley Zerolo. El último encontronazo se produce después de que Unidas Podemos haya decidido que se abstendrá en la votación de la proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación y acusar en el pleno del Congreso a su socio de Gobierno de «deslealtad» y de desvirtuar el pacto de coalición al presentar la iniciativa en solitario.

No quieren impedir la tramitación de esta proposición, pero sí quieren dejar claro que el pacto con el PSOE implica un paquete legislativo completo contra la discriminación que incluye tanto esta ley, como otra de los derechos LGTBI y la ley trans, a la que Moncloa está planteando muchas reticencias.

Las diferencias de opinión se han hecho nuevamente palpables a lo largo de la tarde en el hemiciclo con acusaciones entre los portavoces de los partidos socios de Gobierno . La proposición de ley saldrá finalmente adelante cuando se vote a última hora de este martes, ya que solo Vox ha rechazado la iniciativa.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha «tirado» de diccionario de la Real Academia para recordar irónicamente que un pacto es «un acuerdo de voluntades que conlleva el cumplimiento de determinadas obligaciones». Ha subrayado así que el acuerdo era presentar una propuesta consensuada y firmada por ambos grupos. La crítica ha sido gruesa: «Hoy es martes de Carnaval y el grupo socialista, a la vez que el Consejo de Ministros bloquea el avance de los derechos de las personas trans, utiliza el nombre de uno de los mayores referentes de derechos y libertades civiles en este país (Pedro Zerolo) para disfrazar el contenido de la ley, haciéndola pasar por algo que no es haciéndola pasar por algo que no es».

Podemos ha incidido en que la proposición socialista deja fuera cuestiones que se habían negociado ya por parte de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial con distintos colectivos.

Desde el PSOE se ha querido recordar que es la primera ley en la que ambos grupos no coinciden en la votación en el pleno y han acusado a Podemos de «abrir esa puerta». Pero desde el Ministerio de Igualdad se insiste en que la leyes trans y LGTBI se deben aprobar cuanto antes y acusan a Moncloa de retrasarlas. Podemos quería llevarlas a la mesa del Consejo de Ministros este mismo mes de febrero.

Calvo pone excusas

Antes, el Ministerio de Igualdad acusaba al PSOE de impedir el debate de las propuestas sobre la ley trans y LGTBI en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que tiene dudas sobre el borrador de la ley, cree que estas leyes necesitan todavía un «tiempo razonable» para que puedan contar con la suficiente calidad normativa y seguridad jurídica.

Ha querido tranquilizar apuntando que «no hay distinción ninguna» con las leyes que prepara Igualdad, sino que «hay materias más fáciles y otras mas complicadas». «Es una ley particularmente importante para este Gobierno, necesaria para nuestro país y la vamos a alcanzar de una manera equilibrada», ha destacado Calvo.

También ha querido restar importancia recordando el acuerdo de coalición: «Tanto Unidas Podemos como el PSOE tenemos un compromiso electoral, también como socios de gobierno y lo vamos a alcanzar por el mismo procedimiento que cualquier proyecto de ley que requiere un tiempo razonable para tener una ley con la correspondiente calidad normativa y seguridad jurídica».

Y antes incluso, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, salía al paso de la polémica. «No se puede generar conflictos de una buena noticia», ha dicho para lamentar después que se imponga la polémica entre las dos formaciones que gobiernan antes que el contenido de la ley.

Motivo de desencuentro

La denominada Ley Zerolo, que se solapa en buena medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad, la Ley LGTBI y la Ley trans, ha sido motivo de desencuentro entre los socios de gobierno, ya que el pasado 21 de enero el PSOE registró en el Congreso la proposición de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, ante la sorpresa de Unidas Podemos, que aseguró que el texto no contaba con su visto bueno ni con el del Ministerio de Igualdad, «competente en la materia».

El Ministerio que dirige Irene Montero ha denunciado que la presentación de esta proposición de ley por parte del PSOE «incumple el acuerdo de gobierno», además de presentarse de forma «unilateral rompiendo siete meses de negociaciones».

Por su parte, desde el PSOE han explicado que Podemos sabía «perfectamente» que la propuesta se iba a registrar. «Tenían el documento y al final deciden no firmarlo», han indicado desde el grupo que dirige Adriana Lastra.

La proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del PSOE indica que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Prevé la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que prestará asistencia y orientación a las víctimas, servirá de órgano de mediación y podrá iniciar de oficio investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación.

Contempla sanciones para las personas que incumplan la ley que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad y la recaudación obtenida por el cobro de las multas será invertida en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación.

El texto contempla la creación de secciones especializadas en este tipo de delitos en el ámbito de las fiscalías provinciales y formación especializada en esta materia para los miembros del Ministerio Fiscal.

Establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.