Se buscan 20.000 millones en el pozo del fraude fiscal

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Los anuncios de subidas de impuestos que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez han desatado una auténtica revuelta en el mundo empresarial. Las patronales CEOE y Cepyme amenazan con no cumplir el acuerdo salarial si suben los impuestos. La banca advierte de que un nuevo gravamen aumentará el coste del crédito. Algunas tecnológicas ven en la ‘tasa Google’ una carga contra la innovación. Y el sector del metal alerta de los perjuicios para la industria de condenar a los motores diesel.  

Las mismas  voces que claman contra las alzas fiscales son las que a menudo invitan al Gobierno a aparcar tales subidas y a buscar los ingresos pretendidos en la lucha contra el fraude fiscal.

La pregunta que surge es la de cuántos ingresos de verdad se puede aspirar a obtener de la lucha contra el fraude fiscal. Y del análisis de diferentes estudios sobre economía sumergida y fraude en España y en la Unión Europea, se llega a la respuesta orientativa de que, a medio plazo y de forma progresiva,  se podría aspirar a ingresar en un año el equivalente al 2% del PIB, es decir, algo más de 20.000 millones de euros adicionales.

A esta conclusión llega el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago, autor de diferentes informes sobre fraude fiscal en España y director del reciente informe editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) bajo el título “Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer?

Un problema de recaudación

“Si los tipos en España son, en general similares a los de sus socios europeos, lo lógico sería recaudar lo mismo en términos de PIB”, razona Santiago Lago . Y en su opinión, “para recaudar más en España no es necesario subir los tipos impositivos, si se logra reducir el fraude y se eliminan parte de las bonificaciones existentes”. Actuando en ambas direcciones sería posible compensar la diferencia de unos 4 puntos de PIB que separan los niveles de recaudación española de la de los países del entorno europeo, según los estudios de este profesor.

Para el profesor Alejandro Esteller, de la Universidad de Barcelona -director de un estudio pionero sobre brecha fiscal, en Catalunya-, la cuestión de las bonificaciones fiscales es esencial. Y para argumentarlo cita como ejemplo el caso del IVAEn los informes de la Comisión Europea, España figura como uno de los países con menor fraude fiscal en este impuesto; sin embargo es el país que más deja de ingresar por bonificaciones y  tipos reducidos incorporados al tributo.

“Nuestro problema no es de tipos, sino de recaudación. Con unos tipos más elevados que otros países, recaudamos menos”, se queja el  autor del “El Barómetro de los Círculos 2018», Miguel Iraburu, durante la presentación del informe auspiciado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía catalán y el Círculo de Empresarios Vascos.

Ejercicio teórico

La referencia del 2% del PIB de recaudación adicional por lucha contra el fraude a la que alude el profesor Lago nace del ejercicio teórico de situar los niveles de economía sumergida en España (ligeramente por encima del 20% del PIB en diferentes estudios) en la media de los países desarrollados de la Unión Europea (en torno al 15% del PIB).

De ser así, la pérdida de ingresos tributarios asociada a esta economía sumergida -entre 60.000 y 70.000 millones de euros según diferentes estudios- podría verse corregida en unos dos puntos de PIB.   

En la actualidad, la Agencia Tributaria recauda cada año cerca de 15.000 millones de euros en actuaciones de control tributario. Añadir 20.000 millones de ingresos por la lucha contra el fraude supondría duplicar con creces los resultados actuales, objetivo que solo se puede plantear a medio plazo y como resultado de un reforzamiento importante de los medios al alcance de la Agencia Tributaria.

El presupuesto alternativo del Estado que presentó el PSOE el pasado mes de abril  apenas incluía un objetivo de 1.500 millones de recaudación adicional en el ejercicio por medidas de lucha contra el fraude.

Autonomías y sectores

Por lo general, los diferentes estudios comparados sobre economía sumergida abundan en los diferentes niveles de ocultación de actividad por autonomías, menor en País Vasco y Madrid (16,5% del PIB) y mayor en Canarias (26%) y Andalucía (23,3%). En este reparto influyen los diferentes niveles de defraudación por sectores en un contexto en el que construcción, pequeño comercio y hoteles y restaurantes adolecen de un mayor riesgo que otros como la industria.