El apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos -excepto en centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros- comenzarán a aplicarse desde este miércoles, si bien no se esperan sanciones inmediatas a los establecimientos que aún estén adaptándose a las medidas. A las 00.00 horas del miércoles, el seguimiento de la medida era desigual en las grandes ciudades, donde algunos comercios optaron por apagar la luz y otros no.
Este miércoles, a partir de las 22:00, el seguimiento es más visible al entrar en el primer día con la hora establecida en el decreto.
Las principales tiendas del centro de Madrid han apagado esta noche las luces de sus escaparates para cumplir con el decreto del gobierno de ahorro energético aunque durante el día varios establecimientos han mantenido sus puertas abiertas y el aire acondicionado a una temperatura inferior de la establecida en el nuevo plan.
Grandes comercios como El Corte Inglés, Zara, Apple y La Casa del Libro han apagado sus respectivos escaparates sobre las 22:15 de la noche, junto con otros establecimientos de la Gran Vía madrileña, aunque todavía algunos seguían rezagados en el cumplimiento de las medidas en esta céntrica zona de compras de la capital.
«Habrá que dar un margen»
Los lugares a los que se dirige el «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización» tuvieron hasta la noche de este martes para poner en marcha las iniciativas aprobadas por el Gobierno, que, no obstante, admite que habrá que «dar un margen» a los propietarios para favorecer que cumplan la norma.
«No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», explicó este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en la cadena SER.
No obstante, «si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si este miércoles hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente», el Ejecutivo contactará con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar «meses ni semanas», advirtió.
Las medidas
Uno de los planteamientos es el límite al termostato en espacios públicos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno.
Se aplicará en edificios y locales de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos.
No así en aquellos espacios que así lo justifiquen por las especificidades del sector o las condiciones de sus trabajadores, los centros de formación -colegios, universidades, guarderías…-, sanitarios, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí.
Tampoco se aplicará en lavanderías ni en las habitaciones de los hoteles al ser de regulación privada.
Se incluye, además, el deber de apagar a las 22:00 horas el alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos.
El real decreto ley establece otras medidas, como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales cuando tengan un sistema de climatización en funcionamiento.
En este caso, los establecimientos tienen hasta el próximo 30 de septiembre para adaptarse a la disposición, que ya estaba vigente desde 2009 para espacios que no utilizasen energía renovable para estos usos.
El pequeño comercio teme más gastos
Las compañías consultadas ya cumplen con la obligación de limitar el termostato y apagar escaparates desde las 22:00 horas, si bien el pequeño comercio, más crítico especialmente en Madrid, continúa adaptándose a un cambio que prevé que tenga un coste económico.
«Apagar los escaparates deja una calle súper oscura, no me van a ver el género«, explica a Efe Jesús, encargado de una zapatería de la capital.
Mención especial dedica al deber de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales climatizados, para el que los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre.
«Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy grande. No van a estar cerradas nunca», advierte Jesús, que ha pedido presupuesto para su instalación: «son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas».
Sus argumentos son aplicables a las 400.000 micropymes y pymes a las que representa la Confederación Española del Comercio (CEC), que entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones.
«El sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración», reclama la patronal CEOE.
En líneas generales, el comercio de proximidad muestra su preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas.
El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
Por su parte, la hostelería ha afrontado las medidas de forma «generalizada y masivamente», según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que ve «flexible» un decreto que permite hacer excepciones por las características de la actividad o la seguridad de los trabajadores.
Las comunidades autónomas mantienen su crítica
Moncloa ha cerrado filas en torno al real decreto ley, después de que cinco comunidades –Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia, todas gobernadas por el PP- solicitasen su retirada.
La propia Ribera confirmó, tras reunirse con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, que el Gobierno no tenía intención de retirar o aplazar las medidas debido al compromiso con Bruselas para reducir en un 7 % el consumo de gas.
A pesar de que ninguna autonomía, según la ministra, dijo que no fuera a cumplir el plan, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
De hecho, este martes por la mañana se calificó como «la única capital europea» que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00 horas por una decisión «arbitraria y autoritaria» con «al menos diez puntos inconstitucionales».
En esta línea, la Junta de Galicia ha avisado de que recurrirá el decreto si invade competencias, algo que no preocupa al Ejecutivo, que entiende que «no es inconstitucional», dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El PP ha solicitado los informes de impacto económico del plan para considerar las consecuencias que pueden tener sobre el tejido productivo de España, según anunció el portavoz adjunto y coordinador de Economía de los populares en el Congreso, Jaime de Olano.
