Sentencia de la ‘Gürtel valenciana’: el PP, condenado por financiación ilegal

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En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El fallo detalla las penas y los delitos a los que son condenados los acusados (ver cuadro de condenas).

La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

Entre la ex cúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La exgerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el ex vicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la ex tesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.

La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los 9 empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.

El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.