Inicio Actualidad Señuelo Sánchez: un nuevo pacto fiscal y otro Estatuto catalán

Señuelo Sánchez: un nuevo pacto fiscal y otro Estatuto catalán

Los contrapoderes a los acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno de Sánchez con ERC existen, pero son mucho más limitados que la impresión que dejó la exigua mayoría con la que el ya jefe del Ejecutivo sacó adelante su investidura, los 167 «síes» frente a los 165 «noes» del Congreso. No puede haber una reforma territorial que implique cambios en la Constitución sin el apoyo del principal partido de la oposición, pero incluso cuestiones tan delicadas como una modificación unilateral de la financiación autonómica puede aprobarlas. En este caso sólo con el voto a favor de una comunidad autónoma si hay voluntad política de no buscar el consenso.

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Aquí está la explicación de que los interlocutores socialistas siembren el difícil camino de la negociación con ERC con la idea de que la solución está en un pacto sobre una nueva financiación para Cataluña y un nuevo Estatuto catalán. Las cuestiones relacionadas con la financiación autonómica se abordan siempre dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en un marco multilateral en el que tienen opinión todas las comunidades autónomas. Pero para sacar adelante la aprobación de un nuevo modelo, el Estado por si solo ya tiene la mitad de los votos, y le es suficiente con la suma de una sola comunidad autónoma para poder dar luz verde a su propuesta. Nunca se ha llegado a una situación tan excepcional, aunque sí es habitual, por no decir tradición, que los cambios se aprueben con el apoyo de las comunidades del partido del Gobierno y los recelos, o el rechazo, de la mayoría de los Gobiernos autonómicos que dirige el principal partido de la oposición. El Ejecutivo de Aznar aprobó una reforma de la financiación autonómica sin el apoyo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y el Gobierno de Rodríguez Zapatero la pactó con el tripartito catalán y la puso en marcha con la oposición frontal de las comunidades del PP.

Sánchez pretende domesticar las ansias independentistas de ERC por este camino o esto es que lo que «venden» desde la órbita socialista. Cuentan que una cosa es lo que dicen en público los republicanos por la presión levantisca de Puigdemont y los suyos y otra lo que avanzan en privado. Sostienen que una de las salidas para garantizar la estabilidad del «Gobierno de coalición progresista» es avanzar hacia una financiación pactada con Cataluña y un nuevo Estatuto, pactado también con Cataluña. El coste sería dejar al margen al PP y a las comunidades gobernadas por los populares y Ciudadanos, pero en esa estrategia de Sánchez de buscar la confrontación absoluta entre izquierda y derecha, esta posibilidad suma sin duda al objetivo de la polarización.

Si ERC aceptase, que de momento no hay ninguna señal pública de que esté por conformarse con avanzar por este camino, la Legislatura de Sánchez estaría hecha. Ahora bien, está por ver si las presiones y la guerra dentro del independentismo permiten sobrevivir a este razonamiento socialista de que a ERC lo que le interesa es romper con Puigdemont y «sumar» para llegar a la Generalitat, y que ni siquiera aspira a ganar las elecciones catalanas, sino a gobernar. Con la política catalana convertida en una montaña rusa y sostenida en la incertidumbre de si habrá o no finalmente adelanto electoral, todo es un gran interrogante. Por cierto, las reformas estatutarias son leyes orgánicas que salen adelante con 176 escaños, que Sánchez tiene solo con que los 13 escaños de ERC convirtiesen sus abstenciones en un voto afirmativo. Igual que con la financiación, puede haber reforma estatutaria sin contar con los partidos constitucionalistas. Además, ya fuera de la cuestión territorial, en la práctica tampoco hay muchas cuestiones que exijan el voto del PP. El PP sí tiene mayoría de bloqueo en la renovación pendiente en el CGPJ. Mientras que la situación en el TC es más dudosa. Los magistrados fueron elegidos en 2012 y el periodo es de 9 años. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que, si ha habido retraso, el periodo se acorta en la renovación. Aun así, el presidente del TC envió una carta en julio al Congreso planteando la cuestión de la renovación. También el defensor del Pueblo tiene que ser renovado porque está en funciones y exige una mayoría de 3/5. Pero por más que desde la izquierda exageren «el veto del PP» en esta renovación judicial, que es otra práctica habitual por parte de la fuerza que pasa del Gobierno a la oposición, la baza que tiene en la mano Sánchez, y que parece que está decidido a utilizar, es el cambio en la Fiscalía General del Estado. Los juicios pendientes por el «procés» se acumulan en 2020: juicio a José Luis Trapero, el máximo responsable de la Policía Autonómica; a la Mesa del Parlamento catalán presidida por Camen Forcadell; los procesos de entrega de Puigdemont y el resto de fugados; o el macrojuicio en el juzgado número 13 de Barcelona que afecta a varios ex altos cargos de la Generalitat.

Además, el PNV puede hacer de cortafuegos en el plano económico, que habrá que ver según cuadre con los intereses de su «caja», que es lo que les importa. Pero en lo social, Sánchez tiene también el camino despejado para aprobar la eutanasia o las reformas anunciadas en educación contra los colegios concertados o en la guerra contra la educación especial. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores es más difícil, pero no por la mayoría parlamentaria, sino por la posición de los sindicatos.

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