Foro de la Familia.- El PSOE pretende reformar el Código Penal para que ser provida sea delito. Bajo la exigencia del lobby del negocio del aborto, y olvidando los problemas reales de la mujer embarazada, ha presentado una Proposición de Ley claramente ideológica y anticonstitucional.
A los abusos legislativos a que nos tiene acostumbrado este Gobierno se une un último disparate, la proposición de ley por la cual se prohíben determinadas actividades en las proximidades de centros abortistas, como concentraciones o sencillamente la oferta de ayudas y apoyo a mujeres embarazadas que se plantean abortar. Una vez más se limita la libertad o determinados derechos (la libertad de expresión, de movimiento, de reunión, entre otros) mediante su criminalización en beneficio de un pretendido bien mayor, como es la mujer, cuando realmente sólo se están protegiendo los abundantes beneficios del negocio de unos pocos empresarios del aborto.
La formulación es genérica: “El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días” – pero ¿cómo debemos interpretar los conceptos de coartar, hostigar o atacar la libertad y la intimidad en estos casos? ¿se interpretarán estos conceptos como diga el lobby del aborto o como se entiende de acuerdo con la legislación anterior y la jurisprudencia? ¿Por qué crear un delito ad hoc en beneficio del oligopolio del aborto cuando existen figuras penales que ya contemplan genéricamente los ataques a la libertad o la intimidad?.
Es evidente que esta modificación legislativa viene motivada únicamente por razones ideológicas y debida a presiones de los magnates del negocio del aborto, los cuales, por cierto, deben estar bastante molestos con la oferta de alternativas al mismo que ofrecen diversas fundaciones, las cuales ofrecen a las mujeres embarazadas todo tipo de recursos que les facilitan continuar con su embarazo y comenzar la crianza de los hijos.
En la actualidad no existe una red pública de ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, como tampoco está regulado el derecho de la mujer embarazada a ser informada en todo tipo de centros asistenciales y sanitarios de la existencia de esa red y de las ayudas y apoyos que tiene a su disposición. Dichas medidas -las cuales viene proponiendo el Foro de la Familia desde hace años a todos los partidos políticos sin excepción- siguen sin ser asumidas y realizadas por parte de los distintos gobiernos.
Te animamos a que te descargues las dos páginas del análisis que hemos elaborado desde el Foro de la Familia sobre de la Proposición de Ley Orgánica presentada el 12 de mayo de 2021 por el Grupo Parlamentario Socialista “para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”.
