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«Si lo hace un médico acaba entre rejas, ellos siguen enriqueciéndose»: muere por cáncer una joven tratada con pseudociencias

La escena empieza en la puerta de urgencias. Una chica joven consulta por fiebre. Tras historiarla y durante el reconocimiento, le descubren el pecho «totalmente putrefacto». No es solo fiebre, es un cáncer. Uno que solo ha sido «tratado» por un curandero. La operan de urgencias, tratan de salvarla, pero ya es tarde, el cáncer está por todas partes. En dos semanas, muere en el Hospital de Girona.

No es una ficción, es el relato que hacía el oncólogo Joaquim Bosch-Barrera de un caso reciente en el que la pseudociencia, de nuevo, había demostrado que es todo menos inocua. Como dice Bosch, mientras la medicina se judicializa a marchas forzadas, «ellos siguen enriqueciéndose engañando a nuevos enfermos«. Y las tragedias no cesan.

«El derecho penal no ampara a los incautos».

El caso que nos cuenta Bosch y que va a acompañado de imágenes que ponen los pelos de punta es el relato de la impotencia con la que la profesión médica se enfrenta a casos como estos. Ante la gravedad del caso, los médicos preguntaron a la joven que qué opinaba el ‘terapeuta’ alternativo del tumor. «Dice que si sale hacia fuera es bueno, porque significa que se está oxigenando», explicó la paciente.

Todos sabían que, pasara lo que pasara, el «pseudoterapeuta» saldría indemne. A principios de año, como recordaba el mismo Bosch, la Audiencia Provincial de Valencia absolvió al curandero de Mario Rodríguez, un joven de 21 años que murió tras dejar la quimioterapia para seguir sus consejos de salud. Sin entrar en los detalles del caso de Valencia, hay algo realmente preocupante en esa sentencia: el juzgado no ve relevante la cuestión de si «la denominada “medicina natural” es una alternativa real y eficaz a los tratamientos médicos actualmente existentes contra el cáncer».

Es decir, para la legislación actual, tienen las manos libres porque, como ya dijera otra célebre sentencia, «el derecho penal no ampara a los incautos». Sin embargo, esto contrasta de una forma sangrante con lo que está pasando en la medicina científica, el surgimiento de la llamada «medicina defensiva».

La medicina del futuro es la medicina defensiva

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Mientras la pseudociencia sale victoriosa de numerosos juicios, la medicina estándar se va judicializando y, por ello, la práctica clínica se va modificando. El año pasado, un estudio elaborado por la Organización Médica Colegial («Práctica médica en los Servicios de Urgencia Hospitalarios«), descubría que 91,3 % de los médicos opina que la presión judicial se ha incrementado considerablemente y eso condiciona la práctica asistencial, incrementando la «medicina defensiva»; es decir, el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos cuya función principal es evitar denuncias por mala praxis.

¿En qué se traduce esto? En que el 89,9% de los profesionales cree que los Servicios de Urgencias realizan pruebas diagnósticas de dudosa utilidad y el 63 por ciento cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan de forma innecesaria. Todo por la misma razón: protegerse ante posibles problemas legales.

Durante años los sistemas médicos de todo el mundo han ignorado sistemáticamente los errores médicos y han dejado amplios márgenes para la impunidad gracias a un corporativismo mórbido y mal entendido. Ahora, quizás por contagio de la judicialización extrema que nos llega de EEUU, el péndulo está yendo hacia el otro lado.

Es muy difícil equilibrar la necesaria fiscalización profesional y la defensa de los derechos de los pacientes con la seguridad laboral, física y mental del personal sanitario. A día de hoy, ningún país ha conseguido encontrar ese equilibrio para solucionar este problema.

La salud va más allá de las paredes de los hospitales

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Lo que resulta llamativo es que haya múltiples mecanismos judiciales para controlar a la medicina y no haya ninguno para controlar la pseudociencia. ¿Cómo es posible que algo que, hecho por un médico, acabaría en indemnizaciones millonarias y hasta la cárcel no tenga consecuencias penales si lo hace un ‘terapeuta alternativo’? ¿Cómo es posible que la misma justicia que presiona a los médicos y deje las manos libres a los curanderos? ¿No deberíamos proteger la salud independientemente de quién la amenace?

Y la respuesta es más sencilla de lo que parece: porque tenemos una legislación que no entiende que, cuando llegan al terreno de lo clínico, las pseudociencias no son opiniones, son estafas. La Justicia cree que «se considera que el engaño es tan burdo e inadmisible» que no puede ser considerado estafa, pero la justicia se equivoca. No es razonable que los controles legales sean más débiles justo donde hay más peligro.

Sabemos, más allá de toda duda razonable, que la disposición a participar en la toma de decisiones clínicas cambia radicalmente una vez que somos diagnosticados de una enfermedad grave (Degner y Sloan, 1992; Degner, Kristjanson , Bowman, Sloan y otros, 1997; o Levinson, Kao, Kuby y Thisted, 2005). Según algunos estudios (Arora y McHorney, 2000), más de la mitad de los pacientes prefieren dejar la toma de decisiones en manos de terceros.

La justicia y la política llevan años dando la espalda a los más indefensos. Los abandonan, los olvidan y los dejan en manos de gente sin escrúpulos. Y cuando ya es tarde, los llaman «incautos». No solo necesitamos parar la pseudociencia, necesitamos recuperar la dignidad con que el Estado debe tratar a los que más sufren.