Este domingo 21 de noviembre se pondrá en marcha una nueva elección truculenta convocada por el conglomerado criminal chavista en Venezuela. Se supone que ese día se renovarán los mandatos de Gobernadores, Alcaldes y Concejales en la nación caribeña. Sin embargo, todo apunta a que el evento solo servirá para dotar de piso político a un régimen que ya de por sí tiene rato trabajando en una operación de solidificación en el poder, con Nicolás Maduro a la cabeza.
El proceso de campaña para unos comicios en los que las mínimas garantías para elegir están severamente vulneradas, ha sido completamente atípico: en muchos estados del país hay una proliferación de formaciones políticas y candidatos que poca gente conoce y que, muy probablemente, han terminado sirviendo como partidos y candidaturas fachada –mediadas por pactos encubiertos con el régimen– para generar una ficción de fiesta democrática donde no hay tal cosa.
En medio de ello el espíritu del elector promedio en Venezuela se ha desplazado al campo de la desalineación política. Esto es, de un divorcio completo de todo cuanto tenga que ver con candidatos y elecciones. El común denominador de los votantes venezolanos no quiere saber nada de la revolución chavista y de sus abanderados, pero tampoco quiere saber nada de las opciones presentadas por las distintas “oposiciones” a la tiranía roja.
Un poderoso clima de abstención en medio de un hartazgo generalizado de la gente con el estamento político tiene muchas posibilidades de emerger durante el 21 de noviembre.
Pero, ¿Cómo se llega a esto? Las frustraciones acumuladas durante varios años por las grandes mayorías de venezolanos que detestan a Maduro y el chavismo, pero que no han topado con un mecanismo efectivo para echarle del poder, explican en gran parte esta actitud colectiva.
El asunto se refuerza si se toma en consideración la línea política que ha decidido emprender el conglomerado de los partidos de la llamada “unidad” o “G-4”: el establishment de las formaciones Acción Democrática (centro-izquierda), Un Nuevo Tiempo (centro-izquierda), Voluntad Popular (centro-izquierda) y Primero Justicia (centro) que hasta hace nada sirvieron de soporte a la tesis de la existencia de un gobierno interino -alternativo al de Maduro- encabezado por Juan Guaidó.
Semanas atrás dichos partidos anunciaron a la opinión pública su decisión de participar en la farsa electoral convocada por el régimen. Un hecho a todas luces incomprensible si se asume que en el pasado reciente esas mismas formaciones opositoras llamaron fervientemente a la abstención, en medio de un ambiente con pocas o ningunas condiciones para poder votar de manera transparente.
El carácter fraudulento del sistema electoral venezolano preserva prácticamente todos sus rasgos intactos: hay inconsistencias en el padrón electoral (se ha llegado a señalar que en Venezuela hasta los muertos votan), el sistema de votación sigue siendo automatizado (lo cual ha sido ampliamente criticado, debido a las dudas que genera la fiabilidad de sus resultados), pervive la práctica de inhabilitar, encarcelar y desterrar a dirigentes de oposición, se ha producido el control del chavismo sobre la mayoría de las tarjetas electorales de los propios partidos opositores (las directivas de Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular han sido intervenidas judicialmente por el régimen), el ventajismo a favor del oficialismo durante el proceso de campaña, el poder militar como sostén del chavismo durante el propio día de la elección (a través del llamado “Plan República”), entre otros despropósitos.
Quienes arguyen que en Venezuela se han producido “mejoras” en las condiciones electorales dicen, por ejemplo, que ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) –el ente que organiza los comicios en el país sudamericano– incorporó a su directorio a Roberto Picón y Enrique Márquez (dos personas supuestamente ligadas a la oposición política) y que por ello automáticamente emergen en el ambiente garantías para votar.
Sin embargo la realidad es más testaruda y esclarecedora: el control del organismo sigue estando en manos del chavismo duro, dado que Pedro Calzadilla –un exministro de Maduro– es su Presidente. Además de ello, en el pasado los sectores opositores ya habían tenido dos rectores (de cinco) dentro del directorio del CNE, y eso no bastó para que el organismo actuase con arreglo a principios de legalidad y respeto a la democracia. El chavismo siempre ha manejado a su merced a este ente.
Con base en ese largo historial de agravios la oposición nucleada en torno al G-4 argumentó en 2018 que no había que votar en las presidenciales, porque lo que se haría era legitimar al sistema fraudulento. De la abstención de aquel año justamente surgió la figura de Juan Guaidó que, en tanto presidente del parlamento y a través de una interpretación de la Constitución que remitía a la figura del vacío de poder, asumió la titularidad de un llamado “gobierno interino”, mientras Maduro era desplazado del poder y se convocaba a elecciones libres en Venezuela.
Luego, en 2020, Guaidó y los suyos refrendaron el camino: dijeron que no se podía votar en las truculentas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen criminal chavista. En esa ocasión también la oposición se abstuvo de presentar candidatos, arguyendo que el sistema electoral seguía siendo una trampa-jaula que solo aportaría estabilidad a la tiranía roja.
Sin embargo, por un evento que aún no ha podido ser explicado a través del razonamiento lógico, esa misma oposición ahora ha entrado en el redil, llamando a sufragar el domingo 21 de noviembre. De nuevo: las condiciones electorales siguen siendo las mismas. El fraude está a ojos vista. Para atisbarlo no se necesita un telescopio.
Hay quienes argumentan que realmente las condiciones son las mismas, pero que simplemente ahora el papel de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) apoyando la concurrencia a las elecciones ha modificado todo el escenario, al punto de que a la oposición no le ha quedado más remedio que inscribir candidatos y llamar a votar en una farsa que está cantada de antemano.
Las motivaciones de EEUU y la UE para apoyar esta engañifa no están del todo claras, pero el dedo acusador apunta básicamente a dos posibilidades: o la comunidad internacional se cansó de esperar por Guaidó y la cristalización de su gobierno alternativo, o simplemente existe una complicidad encubierta de estos poderes internacionales con el chavismo y sus retorcidos métodos de legitimación.
