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Sobre vacunas, tratados internacionales, leyes autonómicas y comunicación de la Fiscalía del Supremo

Los políticos que gobiernan el mundo en este momento harán lo posible por no soltar el gran regalo que las élites globalistas, de mano de la OMS, les entregaron hace ahora un año. Se han acostumbrado a ejercer su papel de sátrapas, sometiéndonos –amparados en los estados de alarma y decretos ley ad hoc—, a un maltrato continuado, por el que, si la justicia funciona, serán condenados en un nuevo y necesario Proceso de Núremberg que ya se está organizando. Estaremos vigilantes para que las condenas sean reales y no se repita la pantomima de 1945-1946, completamente amañada, por lo cual la mayoría de los criminales consiguieron escabullirse y/o se fueron de rositas a fungir de científicos amorales en otros países, sobre todo, Estados Unidos, gracias al vergonzoso Paper Clip. El “tesoro” de aquellos sabios y servidores del mal no podía perderse en una horca. ¡Y claro que les fue rentable!

Digo que no quieren soltar el regalo porque continúan con sus planes de dominio, votando y aprobando leyes para desproveernos de nuestra dignidad y declararnos simples animales de granja a los que poder marcar, aislar, vacunar a la fuerza y sabe Dios qué. Puestos a especular sobre su delirio, ¿por qué no van a poder matarnos si eso beneficia a la colonia? ¿Quién se lo va a impedir? ¿Una sociedad que esconde su miedo tras un bozal de castigo? ¿Una sociedad que no se entera de nada? Si la sociedad ha admitido sumisamente el acoso, el abuso y todas las patrañas y mentiras de los últimos doce meses quiere decir que la cosa de pensar está fosilizada.

Los ciudadanos en su mayoría están encantados en su papel de cobayas, cosa que a los mandamases les viene de perlas. Como el plan general de dominio ha fracasado y ya algunas autoridades de la ONU han empezado a soltar mensajes esperanzadores sobre el fin de la pandemia, nuestros políticos europeos, encabezados por la malvadísima Ursula von der Leyen, han celebrado una reunión urgente para hablar del pasaporte covidiano, es decir, ese carné verde de vacunación que permitirá a sus portadores moverse libremente con estatus de “inmortal”, donde estarán impresos todos nuestros datos y el estado de nuestros anticuerpos. Tienen prisa y quieren agilizarlo en los próximos meses para “no perder el verano”. La intención de Pedro Sánchez es ir a la cabeza de la propuesta. El juego está bien claro, pero la descoordinación es total, ya que esto choca con lo que exponemos a continuación.

Tenemos razones para pensar que no quieren soltar el “chollo” de la pandemia por más razones. Hace ya semanas que la OMS aconsejó que los laboratorios de los diferentes países bajasen los ciclos de amplificación de las PCR a 22 (valores CT), ya que los valores superiores a 35 no son fiables. Asimismo recomendó que las pruebas positivas en asintomáticos fuesen repetidas. Ni caso, ni una cosa ni la otra. La razón es que necesitan asintomáticos y gente griposa, a la que envían a casa con paracetamol, para segur vistiendo la farsa de la nueva ola. Los ciclos de las PCR es el quid de todo, y los médicos deberían decir algo. Es lo mínimo.

Hemos dicho que a los “amos del mundo” les había fallado el plan de dominio global, y nos reiteramos en ello. A pesar de la pantomima de Davos y la dinámica gobernante, está habiendo cada vez más indicios y señales que apuntan a un fracaso del proyecto NOM. Así, mientras los políticos siguen con la ilusión de continuar la pandemia “in eternum”, hablando de nuevas cepas, nuevas olas y nuevos enemigos, incluso campos de aislamiento por si acaso y ahora, el carné de vacunación, algunos directivos de la OMS, han empezado a contar algunos secretos. Sin ir más lejos, el Director General para Europa, Hans Henri Kluge, declara que “se acabaron los peores escenarios” y que en unos meses se terminará todo, incluso SIN NECESIDAD DE UNA VACUNA. Esto llama poderosamente la atención, ya que, la vacuna fue el mantra del último año, tanto que motivó un crudo debate extraoficial sobre la obligatoriedad de la misma por una cuestión de salud pública y el derecho que ampara a los ciudadanos de los países democráticos a elegir o a denegar un tratamiento. Por eso creemos que han mantenido la urgente reunión para presentar el “silencioso” pasaporte de vacunación, por la vía de urgencia. Es lo que justificaría la tremenda inversión en vacunas. Están dispuestos a cualquier chapuza antes de que la OMS declare el fin de la pandemia.

Conviene recalcar que lo que se está inoculando a los ciudadanos, proveniente de Pfizer y Moderna no es propiamente una vacuna al uso, de virus atenuados, sino una medicación génica que se está experimentando en humanos por primera vez, es decir, los vacunados están siendo cobayas como cualquier inocente ratoncito de laboratorio. No es un tema baladí, por mucho que los médicos amordazados del sistema –o con conflicto de intereses— no hablen de ello. Hay contabilizadas más de 1.000 muertes a consecuencia de la vacuna y cerca de 20.000 casos con efectos secundarios graves, muchos de ellos incapacitantes.

En España, la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 protege a todos los usuarios de la sanidad en todo el territorio nacional, otorgándoles el derecho a elegir o a denegar un tratamiento, incluso contra la opinión del propio médico.

Recuerdo que cuando se debatió, algunos profesionales argüían que se podía estar vulnerando la lex artis, pero pudo más el derecho del paciente y la ley salió adelante. Ahora, algunas Comunidades autónomas, como Galicia y Aragón, han votado en sus parlamentos respectivos leyes que vulneran este derecho del ciudadano, decretando la vacunación obligatoria y otros extremos más que abusivos.

Hay que decir que estas leyes autonómicas, según los expertos consultados, no tienen ningún recorrido, pues la ley estatal tiene prevalencia. La confusión sobre esto radica en la cesión de competencias. Es cierto que la Sanidad está transferida a las Comunidades autónomas y que ellas pueden elaborar sus leyes al respecto. Pero solo leyes que afecten a la gestión de la Sanidad, no a derechos fundamentales. La nueva ley Feijóo, por ejemplo, y la de Aragón afectan al derecho a la protección de la salud, no a la gestión del servicio de salud. Son dos temas diferentes. Como no podía ser de otra manera, los derechos de los pacientes son los mismos en todas las comunidades del Estado, y estos, por el momento, están protegidos. De momento, aunque la noticia sobre el pasaporte covidiano lleva a pensar que pudiéramos estar ante cambios legislativos importantes.

El dictamen de la Fiscalía del Supremo de fecha 24 de los corrientes establece claramente que “… en el marco de la legislación sanitaria ordinaria, ni en el de la normativa excepcional contenida o dictada al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Sars-Cov-2 ni en las disposiciones que lo aplican y desarrollan, se ha establecido por ahora con carácter obligatorio la vacunación de la ciudadanía en general NI DE NINGÚN GRUPO DE PERSONAS EN PARTICULAR”. (Las mayúsculas son nuestras).

Finaliza el párrafo diciendo que la administración de la vacuna es de libre consentimiento. Aunque no se descarta la posibilidad de la vacunación obligatoria, establece que eso solo se podría hacer con ciertas cautelas y en ciertas circunstancias que, por supuesto no se dan en la actual crisis de COVID-19. Ítem más, si se impusiese esta obligación, el ciudadano sigue manteniendo el derecho a ser informado de TODOS LOS EFECTOS ADVERSOS. No creo que ningún político, organismo o profesional de la salud acepte cargar con el muerto, si se me permite la expresión. Y si mintieran, habría base suficiente para un proceso penal.

La comunicación de los fiscales es muy oportuna, primero para aportar una dosis mínima de tranquilidad antes posibles acosos por parte de los sanitarios o de regentes de residencias y otros centros, y segundo, para frenar futuras ocurrencias del resto de líderes autonómicos, en competición por demostrar quién manda más, quien restringe mejor y quién tiene mayores ocurrencias en esta carrera por conseguir el galardón de dictador covidiano. De paso, le asesta un buen palo al juez de Santiago que autorizo la vacunación obligatoria de una mujer mayor de una residencia, cuya hija pedía esperar a conocer mejor los efectos adversos.

Conocer los derechos que afectan a nuestra salud es importante en estos tiempos, para no ser víctimas de las injusticias de los opresores. En este sentido, debemos diferenciar –como me apunta mi asesor en Constitucional— lo que son los planos éticos y los jurídicos. Es un error que cometemos a menudo incluso los periodistas. Quizá por un deseo inconsciente de supervivencia, solemos decir con cierta ligereza que tal o cual tratado internacional nos protege, o que están vulnerando códigos o declaraciones internacionales. En los últimos meses se ha aludido al Código de Núremberg, a la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a la Carta Internacional de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal sobre Bioética de la Unesco, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Declaración de Ginebra o a la Declaración de Helsinki. Estos documentos no son vinculantes, son criterios de ética profesional, pero no son Derecho. En la actualidad, solo el Convenio de Oviedo (1997) y la citada Ley de Autonomía del Paciente (2002), son normas jurídicas.

Volviendo a los secretos que algunos de los directivos sacan a la luz, el Secretario General de la ONU, Antonio de Oliveira Guterres, reconoció ante el Consejo de Derechos Humanos que la pandemia había sido una excusa para abolir libertades, silenciar voces disonantes y censurar a los medios. “Con la pandemia como pretexto, las autoridades de algunos países han tomado duras medidas de seguridad y adoptado duras medidas para reprimir a las voces disonantes, abolir la mayoría de las libertades fundamentales, silenciar a los medios independientes y obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales”, lamentó.

Esto es de extrema gravedad, por lo pasado, lo presente y el futuro que nos espera, con medio planeta arruinado y enfermo, no por ningún virus, sino por el MIEDO inoculado en vena a diario, a través de los políticos y sus aliados los medios de des-información masiva. Sin ellos no hubiese habido pandemia. Por eso tienen que recordarla a todas las horas del día, incluso en los programas de entretenimiento.

No obstante, hay que agradecer que, como hemos apuntado, el plan de dominio mundial como lo tenían previsto les ha estallado en toda la cara. Sus desavenencias, sus luchas por la cúspide de la pirámide, los jueces honrados con los que no contaban, la disidencia científica y ciudadana, que lucha pacíficamente sin quemar contenedores ni hacer escraches, aparte de otros imponderables relacionados con el mundo espiritual, les ha fastidiado el plan. Sabemos que es solo momentáneo y que volverán a intentarlo, incluso con mayor furia. Pero la tregua servirá a la Resistencia para seguir despertando conciencias y fortaleciéndonos para la siguiente batalla. No hay que bajar la guardia mientras los psicópatas satánicos que quieren adueñarse de nuestros cuerpos y de nuestras mentes sigan al acecho.

Esta tregua servirá para anclarnos más en lo que consideramos justo y para unirnos en la lucha contra el mal. La Resistencia saldrá de esta gesta muy fortalecida. Me gusta repetir la frase “a Dios rogando y con el mazo dando”.

Somos seres espirituales con cuerpo físico. La lucha debe ser, por tanto, en los dos ámbitos: rectos pensamientos, rectas palabras, rectas acciones, meditación, oración, y la Victoria es nuestra.