El consenso jurídico se impone paso a paso: la amnistía reclamada por los separatistas es inconstitucional. Desde fiscales, hasta jueces y juristas –incluidos antiguos testimonios como los del propio ex ministro de Justicia Campo– denuncian que es una voladura íntegra del estado de derecho. Pero Sumar está dispuesto a dar un paso al frente por la causa: la formación de Yolanda Díaz ha trasladado su disposición a presentar bajo su firma la proposición de ley de amnistía que lleva el plan de borrar todos los delitos de los separatistas ligados, directa o indirectamente, al 1-O.
Cuando más voces salen a la palestra a denunciar la barbaridad antidemocrática que supondría la aprobación de una ley de amnistía, es cuando Sumar decide volver a mostrar su entrega al pacto de demolición constitucional. Primero puso a su gente a colaborar en las negociaciones; más tarde fue la propia Yolanda Díaz la que viajó a negociar personalmente con el prófugo golpista Carles Puigdemont; y ahora es ella misma quien muestra su disponibilidad para presentar una proposición de ley de amnistía, en caso de que el PSOE se acompleje tras tirar la piedra más grave jamás lanzada al sistema constitucional y de Estado de derecho español.
Se trata simplemente de un ofrecimiento, porque el mecanismo aún no está diseñado. Aunque los separatistas reclaman esa amnistía, se tiene que aprobar por ley e, incluso, se ha pedido por parte de Junts que se haga con el Gobierno en funciones y aprovechando que las Cámaras sí están ya constituidas. Esta proposición ha llegado ya al PSOE, que no dudará en valorar el gesto. Quién sabe si dificultando los deseos de obtener cargos por parte de la facción de Podemos inserta en Sumar.
Lo cierto es que la oferta de Yolanda Díaz llega cuando sectores de la Fiscalía han empezado ya a exhibir su frontal rechazo de la amnistía e, incluso, han deslizado una posibilidad: que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte la amnistía de todos los delincuentes separatistas y, dado que la forma de legislarla puede ser compleja, que algunos de los fiscales se nieguen a aceptar semejante ejercicio de «retorcimiento legislativo» y opten por mantener las acusaciones contra los distintos acusados o condenados golpistas.
La argumentación jurídica contra la amnistía es más que desbordante, y un ejemplo de ello es el documento de la propia Asociación de Fiscales. Este recoge un pensamiento ampliamente extendido entre muchos de los fiscales, no entre la cúpula designada o aupada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí entre los fiscales de a pie. Y aunque es cierto que la Fiscalía funciona con jerarquía y puede imponer las decisiones por pura cuestión de autoridad, el espectáculo de semejante decisión podría ser lamentable y memorable.
El documento en cuestión se ha divulgado bajo el título de «La amnistía. Una posibilidad prohibida por nuestra Constitución» y ha sido elaborado por Emilio Frías Martínez, de la Fiscalía Provincial de Albacete. Y en él se concluye de forma resumida que «recientemente se ha abierto en España un debate sobre la constitucionalidad de una posible ley de amnistía, el presente artículo trata la cuestión concluyendo que la amnistía no está permitida en la Constitución de 1978».
Los motivos explicados son innumerables. Se destaca que «la amnistía es una manifestación del derecho de gracia, y la Constitución únicamente contempla la modalidad del indulto particular, prohibiendo expresamente el indulto general y la amnistía de una manera tácita».
También se subraya que «no solamente debemos entender a la amnistía como inconstitucional por este motivo sino porque supone un acto deliberado por el cual se ignora lo que el propio legislador considera injusto, siendo la convalidación de lo injusto contraria a los principios esenciales del texto constitucional y una actuación arbitraria del legislador». E, igualmente, que «una ley de amnistía no sería posible en nuestro país, además, por ser el ejercicio del derecho de gracia competencia del Ejecutivo, por un lado, y, además, supondría el enjuiciamiento de actos concretos ya cometidos que corresponde a jueces y tribunales en exclusiva«.
Y, por si fuera poco, quien coge la delantera en exhibir su predisposición a tramitar esta barbaridad es la misma persona que acaba de mantener una reunión en Bruselas con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Además lo ha hecho «retorciendo el Código Penal, porque podría ser hasta inhabilitada por ello», señala un fiscal a Libertad Digital.
La postura alude al Artículo 408 del Código Penal, que castiga a toda «autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Y, de hecho, ya se han presentado denuncias contra Yolanda Díaz por este mismo motivo.
