Susana Díaz anuncia que el decreto sobre la renta mínima entrará en vigor en enero

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Parlamento que el decreto ley sobre la renta mínima de inserción entrará en vigor el próximo enero. Según Díaz, la medida dará cobertura a más de 42.500 familias en dificultades económicas. Para afrontar este gasto, la Junta tiene previsto destinar más de 200 millones de euros anuales entre 2018 y 2021, aunque la presidenta ha precisado que el número de beneficiarios será “evaluable y podrá ser ampliado”. El líder del IU, Antonio Maíllo, ha criticado que la medida tiene una consignación presupuestaria “insuficiente” y que no llegará a todas las familias que lo necesitan.

A pregunta de Maíllo en la sesión de control, Díaz ha explicado que la evaluación de los beneficiarios se llevará a cabo por los servicios sociales al cabo de los doce meses de la percepción para comprobar si las familias continúan en el umbral de la pobreza. Díaz ha concretado que la medida se podrá ampliar por seis meses a las personas en extrema vulnerabilidad. “La norma vendrá al Parlamento y tenderé la mano para poder mejorarla, para responder a las necesidades. Estoy convencida de que medidas como esta, como la de las tres comidas al día por la que algunos [por el PP] nos compararon con Etiopía, garantizan derechos a los ciudadanos”, ha indicado la socialista.

El líder de IU ha cuestionado los datos aportados por Díaz para sostener que la dotación presupuestaria es “claramente insuficiente” y ha tildado la medida de “trilerismo” político, ya que cree que el modelo de la Junta “solo” garantizará la renta mínima al 30% de las familias que lo necesitan. En este sentido, Maíllo ha recordado los “estremecedores” datos aportados por el INE sobre las condiciones de vida, que sitúa al 44,3% de los niños andaluces en pobreza relativa (más 700.000 niños y niñas). “Hay más de 360.000 niños en la pobreza severa. Más de 360.000 golpes a un modelo capitalista y profundamente desigual”, ha subrayado. Maíllo ha advertido de que con los planes y las ayudas de la Junta “no se podrá atender” a todas las familias en pobreza severa.

Por otra parte, Díaz también se ha comprometido ante el pleno de la Cámara a negociar una nueva reforma fiscal en Andalucía cuando se conozca el techo de gasto para 2018, por lo que ha emplazado a Ciudadanos a una reunión en julio. La presidenta ha adoptado este compromiso durante su respuesta a una pregunta sobre el grupo de trabajo para la rebaja fiscal, formulada por el líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien ha dicho que su formación tiene “mucha paciencia”, pero se ha quejado de que no han recibido “ninguna respuesta” desde el pasado 14, cuando se constituyó el citado grupo de trabajo integrado por el PSOE y Ciudadanos. “Somos conscientes de que tienen que conocer el techo de gasto y las previsiones de ingresos para poder hacer sus cuentas, pero tiene que decir si vamos a seguir hablando o no, y hasta qué punto podemos avanzar para modificar el impuesto de Sucesiones“, ha reclamado Marín.

Díaz ha prometido que ese debate se va a producir “en cuanto la Junta sepa las entregas a cuenta”, es decir, a principios de julio, fecha en la que ha asegurado que se volverá a reunir el grupo de trabajo, aunque ha recalcado que la reforma fiscal debe abordarse “con rigor” para no “poner el peligro” los servicios públicos y la ampliación de los derechos ciudadanos. “Soy consciente de que tengo que dar una respuesta, pero a las clases medias y trabajadoras, que son las que han sufrido la crisis”, ha proseguido Díaz, que ha insistido en que va a afrontar esta cuestión “desde el diálogo” para dar “oxigeno a las familias”, pero sin “poner en peligro” los servicios públicos. “Vamos a dialogar juntos, pero desde el rigor, y para ello no se puedan abordar por separado los ingresos y los gastos”, ha recalcado la socialista, tras mostrarse convencida de que se conseguirá el “entendimiento” con Ciudadanos. Díaz ha defendido que “todo sería más fácil” si Andalucía tuviera una financiación justa, por lo que ha considerado fundamental que, más allá de este debate sobre la presión fiscal, todas las fuerzas políticas de la Cámara se pongan “del lado” de Andalucía cuando se negocie el nuevo modelo de financiación autonómica.

Podemos plantea reformar el Reglamento del Parlamento para quitar “privilegios”

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado en la sesión de control que aún no haya llegado al Parlamento la Ley de Buen Gobierno que comprometió la presidenta Susana Díaz en su debate de investidura y en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Rodríguez ha animado a Díaz a trasladar en la ley las propuestas que plantea su partido para reformar el Reglamento del Parlamento. Así, ha explicado que la reforma que propone aspira a eliminar los “privilegios” de los que, en su opinión, disfrutan los miembros de la Cámara en forma de indemnizaciones fijas por alojamiento, desplazamiento o cesantías, “asimilando el funcionamiento de estos conceptos a los que se aplican al conjunto de trabajadores de la Junta”. De este modo, las cantidades fijas pasarían a ser máximos sujetos a la justificación documental previa a su cobro.

Según ha explicado la líder de Podemos, la persona que ejerce la representación política debe tener a su disposición los recursos que sean necesarios para el desarrollo de sus tareas aunque esta premisa “no puede convertirse en la excusa para justificar el acceso a prerrogativas que nada tienen que ver con los derechos y condiciones de vida de la ciudadanía o de las personas que trabajan en la función pública”. En este sentido, Rodríguez ha criticado que los portavoces de los grupos parlamentarios, además de su sueldo de en torno a 3.000 euros, reciben 500 euros semanales fijos como indemnización “sin necesidad de justificar nada”, lo que supone llegar a cobrar un extra mensual de hasta 2.500 euros, una cantidad “escandalosa” teniendo en cuenta que el salario medio andaluz es de 1.600 euros al mes. “En una sola semana, un portavoz recibe en indemnizaciones sin justificar lo mismo que cuatro familias en riesgo de exclusión al mes en ayudas para poder pagar el alquiler”, ha lamentado Rodríguez. Con esta modificación reglamentaria se exige la justificación de todos los gastos indemnizables realizados por el diputado para el ejercicio de su función representativa. Además, como medida de transparencia, propone que los detalles de estos gastos serán publicados en el Portal de Transparencia de la Cámara.

Rodríguez ha censurado que actualmente cada diputado percibe una cantidad fija que depende de su cargo o de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara, “sin exigir una mínima justificación de los gastos o actividades desarrolladas y sin publicar esta información en el Portal de Transparencia”. Respecto a los desplazamientos se propone bajar la indemnización por kilometraje y equipararla a la que cobran los trabajadores de la Junta y, en todo caso, no se abonará kilometraje si el desplazamiento se realiza en coche oficial. 

Por otro lado, la iniciativa recoge además la asimilación de la actual cesantía que cobran los diputados al dejar su cargo a la indemnización por desempleo que cobra la ciudadanía en general, si bien esta indemnización será incompatible con la percepción de cualquier tipo de retribución, mientras que no podrá pagar cesantía a aquellas personas con sentencia judicial firme por delitos contra la Administración Pública o delitos de corrupción en los negocios. 

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