El Gobierno ha dado luz verde este sábado a un esperado segundo paquete de medidas extraordinarias para dar respuesta a la crisis energética derivada de la guerra rusa en Ucrania.
Un necesario Plan nacional de respuesta a la crisis energética derivada de la guerra en el este de Europa con una batería de medidas que afectan a distintos ámbitos de la economía y que ayudarán a mitigar los efectos de la subida del coste de la energía en el bolsillo de las familias más vulnerables y en las empresas e industrias más afectadas por esta crisis.
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Este segundo decreto movilizará más de 9.000 millones de euros que se repartirán en 5.500 millones en gasto y 3.500 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que el Gobierno va a aprobar hasta finales de 2022. Hasta un esfuerzo total de 15.000 millones de euros si se tienen en cuenta el paquete de marzo y el de ahora. Estas son las medidas excepcionales que se van a poner en marcha.
- Ayuda para las rentas bajas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tras el Consejo de Ministros extraordinario una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados de bajos ingresos que se va a poder solicitar durante el mes de julio. Será de pago único y en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros.
- Descuento para el transporte público. El Gobierno aplicará un descuento en el abono transportes desde el 1 de septiembre. Será del 50% para el abono mensual o los títulos multiviajes en los medios de transporte de titularidad estatal, como Renfe. El objetivo es fomentar el uso del transporte público. Además, las autonomías también se verán ayudadas, puesto que desde el Gobierno central se transferirá un 30% a Comunidades Autónomas y ayuntamientos para que estos organismos completen con recursos propios hasta el 50% del descuento para el abono de transporte que dependa de sus competencias.
- El IVA de la luz, del 10% al 5%. Se refuerzan las medidas para hacer frente a la subida de precios de la energía protegiendo a los más vulnerables. De esta forma, se reducirá el IVA de la electricidad del 10% al 5% hasta final de año. Según el Ejecutivo, rebajando así en un 80% los impuestos vinculados con los efectos de la luz.
- Limitar la bombona de butano. Aunque menor, Sánchez ha aprovechado la ocasión para anunciar la limitación al precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros, que incidirá especialmente sobre «los más vulnerables de los entornos rurales».
- Aumento del 15% en las pensiones no contributivas. También se subirá un 15% las pensiones no contributivas -jubilación e invalidez- hasta final de año. Se traduciría en un aumento de 60 euros mensuales, o 360 euros de aquí al 31 de diciembre.
El Gobierno aprueba una ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos
Al margen de estas cinco medidas de choque contra la inflación, siguen vigentes y se prorrogarán la decena y media de medidas que ya se aprobaron en marzo y que vencían el 30 de junio. Son las siguientes.
- Bonificación al combustible. Fue la medida más llamativa de las avanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio ha habido una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de carburante. Es una actuación de la que se pueden beneficiar tanto particulares como profesionales. Se financia de forma conjunta por el Estado (15 céntimos, lo que tiene un coste para las arcas públicas de 1.423 millones de euros) y las petroleras (cinco céntimos restantes).
- Prohibición del despido objetivo. El Gobierno quiere garantizar la «protección del empleo», así que recuperó la prohibición de los despidos objetivos, pero solo para las empresas que reciban ayudas directas en el plan de choque. La subida de la factura de la luz no puede ser una justificación de despido. Y la opción preferente para sostener el empleo es recurrir a los ERTE.
- Bono social eléctrico. Se amplía esta medida que ya estaba en vigor para que alcance a 600.000 nuevas familias. Para ello, se elevó el nivel de renta de las personas que pueden solicitarlo y se estimaba que 1,9 millones de hogares se podrían acoger a esta ayuda.
- Extensión de las rebajas de los impuestos en la luz. Ya antes de la guerra de Ucrania los precios de la electricidad se habían disparado y el Gobierno había aprobado rebajas de impuestos que luego amplió hasta el 30 de junio. Esto implicaba que el IVA sigue siendo del 10% para pequeños consumidores -ahora, en el 5%- y que el impuesto especial a la electricidad se mantiene en el 5%. Además, se mantiene la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE).
- Intervención del mercado energético. Era una de las actuaciones más esperadas. Sin embargo, dependía del visto bueno de Bruselas. España y Portugal por fin lograron la ‘excepción ibérica’, cuyo resultado ha suscitado impresiones dispares.
- Beneficios caídos del cielo. El Gobierno va a ser más duro con la tributación de las eléctricas sobre lo que considera como un exceso de beneficios derivados por el impacto del alto coste del gas en la formación de los precios del mercado eléctrico. Las medidas del decreto ya en vigor se extienden a los nuevos contratos bilaterales que superen los 67 euros MWh.
- Desplegar más renovables. El Gobierno quiere mejorar la independencia y la eficiencia energética y para ello acelerará el desarrollo de las energías verdes, lo que incidirá en mayor seguridad de suministro.
- Rebaja de seis euros en la factura de la luz. Otra de las decisiones adoptadas en ese momento fue la de emplear 1.200 millones de euros procedentes de las llamadas ‘primas’ a las renovables para rebajar en seis euros la parte fija de la factura de la luz que corresponde a los cargos y peajes.
- Créditos ICO. El Consejo de Ministros aprobó una nueva línea de 10.000 millones de euros de créditos avalados por el ICO para las empresas más impactadas por esta crisis de la energía. Es posible solicitar esta línea -con un periodo de carencia de 12 meses- hasta el próximo 31 de diciembre. Además, se aprobó que las líneas de crédito que se concedieron durante la pandemia puedan contar con un periodo de gracia de otros seis meses para que esos deudores solo abonen intereses. No obstante, esta medida se limita a los sectores más afectados por esta coyuntura: agrario, ganadero, pesquero y transporte por carretera.
- Ayudas sectoriales. El Ejecutivo también dio luz verde a un paquete anticrisis para esos sectores, con especial atención al campo y el mar. Entre ellos, se hacía mención a los productores de leche (169 millones) o al sector pesquero (68,18 millones), entre otros.
- La industria intensiva en el consumo de energía también recibe ayudas especiales estimadas en 490 millones de euros. De esta cuantía, se destina dinero para compensar los peajes en un 80% a 600 consumidores electrointensivos, así como para compensar algunos cargos de la factura eléctrica. También se dedica financiación para mitigar el impacto en la industria de los derechos de CO2 que se pagan para costear la transición ecológica. Y, además, hay 125 millones para ayudas directas.
- Los transportistas también reciben ayudas tras las fuertes movilizaciones de aquellas semanas. Como se avanzó, reciben 1.050 millones de euros (de los que unos 600 millones son para la rebaja de carburantes y el resto son ayudas para vehículos en función de su tamaño y uso).
- Subida temporal del IMV. Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han visto incrementada su cuantía en un 15% durante tres meses. Esto supone entre 73,74 y 162,24 euros más.
- Límite a la revalorización del alquiler hasta el 30 de junio. Es una de las medidas más controvertidas. Se establece que no se pueda actualizar la renta a los inquilinos por encima del 2% en estos meses. Aunque hay más flexibilidad para los pequeños arrendadores que para los grandes tenedores, estos también se ven afectados por esta decisión.
- Acogida de refugiados. Este plan de choque frente a la guerra de Ucrania también dedica más recursos para la acogida de personas que huyen del conflicto. Se aprobó un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para este fin.
- Ciberseguridad. El Gobierno dota con más de 1.000 millones de euros un plan con actuaciones para mejorar la seguridad de los organismos públicos y de las comunicaciones 5G.
