Torrent aplaza el pleno de investidura de Puigdemont

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El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado este martes que el pleno de investidura de Carles Puigdemont queda aplazado. Ha manifestado que la sesión se celebrará una vez pueda celebrarse “con garantías” y “sin injerencias”, y ha añadido que los juristas del Parlament presentarán alegaciones ante la resolución del Tribunal Constitucional que impide que el ‘expresident’ sea investido a distancia.

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Con su decisión, Torrent ha escogido una vía intermedia entre la desobediencia y el acatamiento de la decisión del TC. En cualquier caso, en su comparecencia previa a la reunión de la Mesa que debía concretar las características del pleno de esta tarde, no ha escatimado en críticas al alto tribunal y al Gobierno. Pero también se ha mostrado partidario de “una investidura que tenga valor real y sea efectiva”.

“Tengo el deber de proteger la soberanía de este Parlament de injerencias  ataques antidemocráticos, pese a las amenazas. Iré hasta el final para defender los derechos del presidente Puigdemont para someterse al debate de investidura con todas las garantías”, ha dicho Torrent.

Asimismo, el presidente de la Cámara ha reiterado que no tiene intención de proponer un candidato alternativo, tal y como le están reclamando desde el bloque constitucionalista. “No propondré a ningún otro candidato”, ha subrayado antes de arremeter contra el Ejecutivo central y el altro tribunal, a los que ha acusado de orquestar un “fraude de ley“. “El Gobierno y el Tribunal constitucional pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y eso no lo permitiremos (…). No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal porque no votaron como ellos querían. ni la vicepresidenta ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat”, ha zanjado.

 El TC dio el pasado sábado 10 días a las partes para presentar sus alegaciones al auto en el que consignaba que la investidura no podía ser ni por vía telemática ni por delegación, además de imponer a Puigdemont el requisito de solicitar una autorización judicial para poder asistir al pleno.