Trapero es citado por la Fiscalía en Barcelona por el referéndum del 1-O

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha convocado al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para tratar la investigación abierta contra los preparativos del referéndum que el Govern de Catalunya ha anunciado para el 1-O. Trapero está citado este martes por la mañana, el día después de la masiva manifestación de la Diada de Catalunya.

El encuentro, concertado para abordar los preparativos del referéndum, está previsto en la Fiscalía Superior de Catalunya. En la reunión también asistirán el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, y el jefe de la zona de la Guardia Civil en Catalunya, Ángel Gozalo.

El major de los Mossos d’Esquadra es uno de los nombres que figuran en la lista de más de un millar de cargos de la Generalitat advertidos por la suspensión del referéndum a cargo del Tribunal Constitucional. En ella, se avisaba de las consecuencias penales de apoyar o permitir el referéndum. En la notificación oficial del Alto Tribunal, además, se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier trámite que implique la preparación del 1-O, a cada uno acorde al cargo que tenga.

El pasado viernes se daba a conocer que el TSJC admitía a trámite las dos querellas presentadas por la Fiscalía Superior de Catalunya por la aprobación de la ley y el decreto de convocatoria del Referéndum: al Govern en pleno y a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. Su objeto, investigar presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos.

Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó un oficio en el que ordenaba a los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que, en el marco de sus funciones de policía judicial, elaborasen atestados en “cualquiera actuación de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares” dirigida a la organización del referéndum. En la misma comunicación, Maza pedía a los fiscales jefe de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que notificasen la instrucción general a los máximos responsables de los cuerpos policiales de cada provincia para su remisión a las unidades subordinadas.

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