Quedan todavía almas cándidas aquí y allá que nos tranquilizan argumentando que las peores cacicadas que aún quedan por imponer con la excusa de la pandemia «aquí no se pueden aplicar porque la ley no lo permite«. No sé exactamente qué necesitan para abrir los ojos y darse cuenta de que las leyes, ni aun las más altas, no están deteniendo a muchos gobernantes occidentales.
En España, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los dos estados de alarma para decir que ambos habían sido inconstitucionales. Sin consecuencia alguna. Más aún: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que lo volvería a hacer. Es decir, que la máxima magistratura política española proclama que no tiene que obedecer la ley de leyes.
En la vecina Francia, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha hecho público su deseo de ‘joder’ a los franceses no vacunados, a quienes ha privado retóricamente de la ciudadanía. La vacunación no es obligatoria, con lo que los no vacunados no están cometiendo delito alguno. Que el presidente quiera “joderles”, en abstracto, castigar su no delito, y que ni siquiera les considere conciudadanos es un caso insólito de anarcotiranía.
En Estados Unidos, Joe Biden ha seguido erre que erre con un mandato vacunal evidentemente inconstitucional que han tirado varios tribunales federales hasta que el hombre le ha pasado la pelota a los estados, pero no porque reconozca que se ha extralimitado, sino simplemente porque no está funcionando para detener la pandemia.
Pasaré por alto el caso australiano, una antigua colonia británica poblada por presidiarios que parece decidida a volver a sus orígenes, e iré directamente al ‘poster boy’ del wokismo institucional, el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El primer ministro tuvo la bondad de hablar con absoluta claridad al declarar a finales de diciembre en una alocución pública: «Sabemos que estamos atacando derechos fundamentales y que la Constitución (la ‘Carta’, en realidad) no lo permite, pero vamos a seguir haciéndolo».
Trudeau se despachó a gusto contra los canadienses renuentes a inocularse una terapia génica experimental de la que el CEO de Pfizer, Albert Bourla, ha dicho que las dos dosis a las que se ha sometido media humanidad «apenas protege» contra el virus. «No creen en la ciencia y el progreso y son con frecuencia misóginos y racistas», ha dicho Trudeau, tirando de los anatemas habituales de la postmodernidad. «Son un grupo muy pequeño de gente, pero eso no quita para que ocupen cierto espacio en la arena pública».
Y sigue: «Esto nos lleva, como líder y como país, a tener que tomar una decisión: ¿Toleramos a estas personas?«. Uno se estremece al pensar en la alternativa.
Trudeau, como muchos otros líderes, está pisando el acelerador para acabar la faena antes de que todo el relato salte por los aires, y ya está empezando a hacerlo. La EMA (el regulador europeo de medicamentos) acaba de advertir de que seguir administrando dosis de la vacuna podría deteriorar el sistema inmune, y en Israel, pionero en la vacunación masiva, el prestigioso jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Tel Aviv, Dr. Ehud Qimron, ha asegurado en una carta abierta al gobierno que la estrategia nacional e incluso mundial de lucha contra la pandemia se ha basado en «propaganda engañosa» y está «condenada al fracaso».
