Trump declara la “emergencia de salud pública” para combatir la epidemia de opioides

Más de dos meses después de anunciar que se disponía a declarar la “emergencia nacional”, Donald Trump ha adoptado finalmente medidas para afrontar la devastadora epidemia de opioides con recursos adicionales e instrucciones a las agencias gubernamentales para que prioricen al combate contra la drogodependencia que está destrozando a miles de comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos. El presidente ha presentado una versión descafeinada de sus planes iniciales al declarar la “emergencia de salud pública”, un recurso con menos poderes extraordinarios que la prometida “emergencia nacional”. Para los expertos es un paso en la dirección correcta, pero su efectividad dependerá de las medidas y la agresividad que adopten las autoridades.

“Como americanos no podemos permitir que esto continúe. Ha llegado el momento de liberar a nuestras comunidades del azote de la adicción a las drogas”, ha dicho Trump en la Casa Blanca. “Si trabajamos juntos, derrotaremos a esta epidemia de opioides”. La misión es hercúlea y no tiene soluciones inmediatas. La prescripción de adictivos analgésicos opiáceos para tratar el dolor crónico sigue siendo altísima, tanto que EE UU consume el 80% de los fármacos de esta naturaleza que se producen en el mundo, y en 2015 se recetaron suficientes como para medicar durante tres semanas a cada uno de sus habitantes. A este problema de base hay que añadir la proliferación de la heroína y el fentanilo, que ha provocado que se cuadripliquen las muertes por sobredosis de ‘caballo’.

En esta catástrofe de salud pública no hay un solo responsable. Médicos, farmacéuticas, aseguradoras, y reguladores comparten culpas junto al crimen organizado, que está inundando el país de drogas ilícitas. Solo el año pasado fallecieron 34.500 estadounidenses por sobredosis de opioides, según las estimaciones oficiales, más que las muertes por accidentes de tráfico.

EE UU no declaraba una “emergencia de salud pública” desde el 2009, cuando lo hizo para responder al virus de la gripe porcina. Esta vez Trump ha anunciado una actuación en varios frentes. Desde masivas campañas publicitarias para concienciar a la población, a un agresivo escrutinio judicial contra los médicos y distribuidoras farmacéuticas que nutren el mercado negro o fondos de otras partidas que los estados incrementen el acceso al tratamiento. Este es uno de los principales problemas actuales, ya que solo el 10% de los adictos ingresa en clínicas de desintoxicación.

En este sentido se permitirá a los pacientes recurrir a la telemedicina para obtener recetas de metadona o buprenorfina. También se incentivará la contratación laboral de extoxicómanos. Las medidas anunciadas no incluyen, sin embargo, la liberación de fondos adicionales para hacer frente a la epidemia, aunque el Congreso baraja varios proyectos de ley en esa dirección. Otro enorme obstáculo que Trump no ha abordado es la decisión de su Administración de recortar la financiación federal a Medicaid, el programa de salud pública para los pobres que con la reforma de Barack Obama cubría los tratamientos contra la adicción.

“La declaración sirve para poner el foco en la epidemia, que sigue empeorando y ha permanecido oculta durante demasiado tiempo”, asegura a este diario, Caleb Alexander, codirector del Center for Drug Safety de la Universidad John Hopkins. “El Gobierno tendrá poderes y recursos adicionales para empezar a invertir la tendencia”. A las dificultades ya mencionadas para frenar la crisis, hay que sumar el descabezamiento de las principales agencias al mando de combatir la epidemia. Por distintos motivos, los cargos al frente del ministerio de Salud, ni la Agencia Antidrogas y ni la Oficina Nacional de Control de Drogas se encuentran vacantes.

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