Un apaño después del día 21

El 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. La campaña será visceral y dura. Es posible que el resultado difiera poco del reparto de escaños en el recién disuelto Parlament. Y también es probable que sea precisa, para formar gobierno, una coalición a tres bandas vertebrada por ERC como partido más votado gracias a la labor de Oriol Junqueras, quien ha tenido siempre como objetivo prioritario de su acción política –por encima de cualquier otro– desplazar a la antigua CiU –hoy PDECat–, relevándola por Esquerra como pal de paller del catalanismo político. En todo caso, el nuevo Govern surgido de las urnas y el Gobierno central estarán obligados a hablar, a negociar, a transigir y a llegar a algún tipo de acuerdo, al que me resisto a llamar pacto, conformándome con que sea un apaño. Un simple apaño transitorio que encauce la situación durante unos años, a la espera de que una disminución de la profunda fractura social existente hoy en Catalunya haga posible un pacto de más alcance. Bien entendido que esta fractura social, fraguada a fuego lento y oculto durante largo tiempo, no desaparecerá en vida de muchos catalanes que han sido protagonistas o testigos del proceso.

Este apaño por el que apuesto tendría que gestarse y formalizarse huyendo de la reforma constitucional por una sencilla razón: la larga duración de esta, incompatible con la urgencia que exige la resolución del contencioso catalán. Téngase en cuenta que una reforma constitucional se inicia con la aprobación por dos tercios de cada Cámara –Congreso y Senado– del principio que ha de fundamentar el cambio, seguida por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, la discusión por ambas cámaras renovadas del nuevo texto y su aprobación por mayorías también cualificadas, con el remate de la convocatoria de un referéndum nacional. Total, tres o cuatro años. Por consiguiente, el apaño tendría que plasmarse en sendas reformas del Estatut de Catalunya y de la ley orgánica de Financiación Autonómica.

Colas durante las elecciones autonómicas del 2015
Colas durante las elecciones autonómicas del 2015 (Àlex Garcia)

Tras el penoso desenlace del procés, con la conducta desnortada de unos y el desplante jactancioso de otros, parece casi ridículo, por ingenuo, repetir una vez más el contenido esencial de este apaño: 1) Reconocimiento de Catalunya como nación. 2) Competencias identitarias plenas (en lengua, enseñanza y cultura) dentro del marco constitucional. 3) Un tope a la aportación al fondo de solidaridad, igual para todas las comunidades autónomas (bien sea mediante la fijación de un porcentaje, bien sea por la implantación efectiva del principio de ordinalidad), y una agencia tributaria compartida. 4) Consulta a los catalanes sobre si aceptan o no estas reformas como marco definitorio de su integración en España. No obstante su aparente extemporaneidad, esta propuesta tendría aún posibilidades de ser aceptada, habida cuenta de que una mitad por lo menos de la sociedad catalana desea en la actualidad seguir formando parte de España. Ahora bien, si esto no fuera así, sería entonces España la primera interesada en aclarar su relación con Catalunya ya que, a partir de aquel momento, podría provocarle graves problemas e inconvenientes en términos de desestabilización interna y desprestigio exterior, esto último de un modo parecido al provocado en los últimos tiempos por deliberada voluntad y calculado intento del estado mayor independentista.

Las cosas son como son y no como se quisiera que fuesen. España debe tener muy presente, por ello, la existencia de un núcleo irreductible de independentistas, cuya cuantificación es difícil pero que a buen seguro es alta, que ha mostrado una considerable capacidad de arrastre y una notable habilidad y suficientes recursos para presentar los hechos de un modo que le sea favorable, aprovechar los ­datos que le son propicios, avivar los sentimientos y explotar el victimismo. Por lo que, frente a este designio tenaz, no ­cabe minimizar el problema, no bastan las palabras convencionales sobre los inconvenientes y las consecuencias negativas de la independencia, ni tampoco la apelación constante al principio de legalidad interpretado con rigidez. Sólo cabe acudir al veredicto de las urnas para que todos los catalanes sin excepción digan si aceptan o no la propuesta de encaje que se les ofrece. Dando por sentado que, en caso negativo, el precedente canadiense habría de marcar el camino.

Lo que ha pasado es muy serio y las secuelas de todo ello para unos y otros son y serán graves y, si no indelebles, sí de difícil superación, por incidir sus efectos en los sentimientos profundos de muchos catalanes, tanto de una como de otra adhesión nacional. Ya no se trata por tanto, hoy por hoy, de construir con ilusión y esperanza una casa común proyectada de buen grado, sino de buscar tan sólo un acomodo peninsular compartido que nos permita convivir en paz y sin quebranto, evitando la única alternativa existente a este modesto objetivo, que es dejar la resolución del conflicto a la pura dialéctica de las fuerzas en presencia.




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