El escritor, periodista y bloguero malagueño, Sergio Calle Llorens, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a pagar una cantidad próxima a los 9.000 euros por haber criticado en tono de mofa las actividades del ahora imputado Juan Carlos Martínez y los de su señora, María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, en una publicación propia. Aunque el juzgado de lo Penal lo absolvió en primera instancia, el recurso de Martínez ante la Audiencia Provincial de Málaga logró que fuera finalmente condenado por injurias hacia una persona «privada».
El problema surge al considerar la posibilidad de que Martínez sea condenado en firme por los delitos que se le imputan. ¿Qué pasará entonces con la condena de este escritor, sustanciada en 2019, si los hechos en los que fundamentaba sus artículos se consideran esencialmente ciertos?
En los Hechos Probados de la primera sentencia absolutoria se dice lo siguiente:
De la apreciación conjunta de las pruebas practicadas, valoradas en conciencia, resultan probados, y así se declaran, los siguientes hechos:
SERGIO ALEJANDRO CALLE LLORENS, es mayor de edad y sin antecedentes penales, autor del blog «Rebelde del sur», donde ha venido publicando diversos artículos redactados por él entre los años 2011 y 2014 referidos a la persona de don Juan Carlos Martínez Martínez y a su esposa (subdelegada de gobierno de Málaga) por la función política desempeñada por el citado matrimonio, la mayoría de ella en el ámbito de la Junta de Andalucía, denunciando las eventuales corruptelas y despotismo de la citada institución y sus miembros, como también en los supuestos donde al parecer ha resultado investigado el querellante, siempre bajo su opinión de escritor, empleando letras la gran mayoría de chirigotas y comparsas, y siempre con la única intención de realizar crítica política en el ejercicio de su libertad de expresión ejercida en su condición de escritor, habiendo colaborado con distintos medios de prensa de la comunidad autónoma andaluza y también en difusiones digitales.
Por poner un ejemplo, Juan Carlos Martínez, conocido como «El Negro» en su localidad natal de La Carolina, Jaén, es un premiado letrista chirigotero que se luce en los carnavales de sus paisanos. Una de aquellas letras, aportada por Antonio Rodríguez Vega, en ABC fue:
Ya lo has colocado, so venao/
Se nos ha olvidado a tu cuñado/
pero escucha que te voy a decir/
que no se te olvida el maletín…
Seguramente, una inquietante premonición visto lo visto en estos últimos días.
Según el Tribunal:
las referencias realizadas en el post El bobo de la Carolina, María Gámez y los católicos, Dulcinea del baboso, El clan de la Carolina, El misterio de la Carlolina, Más de Martínez…, todos ellos redactados por el encausado para lo que ha venido empleando y copiando letras de chirigotas y comparsas para denunciar lo que desde su perspectiva han sido valoraciones políticas por las corruptelas y despotismos protagonizados al parecer por el denunciante en su condición de político y cargos desempeñados, así como el de su esposa ambos en el gobierno autonómico al que han servido desde temprana edad, y todo ello con carácter de crítica política.
Y concluye: «En orden a lo anterior es por lo que todas ellas no pueden ser tenidas como realizadas con ánimo tendencial infamatorio y la respuesta debe ser negativas». Concluía absolviendo al investigado Sergio Calle Llorens de todo delito de injurias y calumnias.
Pero el matrimonio de notables socialistas no se contentó y recurrió a la Audiencia Provincial, algo nada frecuente, con el fin de lograr la condena de Sergio Calle que, de forma inexplicable, fue desasistido por su hasta entonces abogada, que se retiró del caso.
Lo curioso es que la Sala Novena correspondiente de la Audiencia, compuesta por el presidente Enrique José Peralta Prieto, casualmente de Jaén, como Martínez, y aspirante sucesivo a la presidencia de varias Audiencias Provinciales; Cristina Jariod, miembro además de la Junta Electoral Provincial, y María Teresa Guerrero Mata, modifica los «hechos probados» y añade algunas manifestaciones de Sergio Calle Llorens sobre el hijo de Juan Carlos Martínez, reconociéndose que estaban al menos inspiradas en letras de chirigotas de La Carolina.
No recoge el tribunal las referencias de Calle Llorens en las que acusaba a María Gámez de haber colocado a su hijo en la delegación de la Junta en Málaga para hacerlo el responsable de su oficina electoral, que denunciaba estar situada en el ente público.
Lo más llamativo es que el Tribunal de la Audiencia alude expresamente a que «Juan Carlos Martínez Martínez, no consta que ejerza cargos públicos de clase alguna, aun cuando su esposa se dedique a la actividad política». Pero los hechos juzgados se situaban en el año 2013 y anteriores, no en 2019, fecha de la Sentencia.
En aquellos años de 2013 y anteriores, Juan Carlos Martínez, cuando menos, era un cargo público, no como dice él mismo «poco relevante», sino que había sido asesor de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y jefe de gabinete en la Consejería de Innovación, cuyo titular, Francisco Vallejo, está en prisión por su condena en el caso de los ERE.
Asimismo, fue director de inversiones de IDEA, la empresa pagadora de los ERE que han sido declarados fraudulentos. Fue asimismo jefe de gabinete del Consejero de Salud. Además, fue director de Comunicación y de Gabinete del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria (2007-2009). Desde 2009-2010, fue director de Gabinete en la Secretaría de Cooperación Territorial (2009-2010) en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las órdenes de Gaspar Zarrías.
Desde entonces, relacionó ABC, Martínez fue nombrado por la Junta de Andalucía subdirector de Incuba, proyecto de la agencia IDEA. Luego fue subdirector de su filial Soprea, donde trabajó cinco meses. En diciembre de 2010 ostentó un «empleo no identificado» en Fagia que le reportó 31.524 euros en seis meses. Desde julio de 2011 se ha ganado la vida como consultor al frente de Job Management Liberty SL. Se probó una reunión suya con Iván Chaves, el «comisionista de la Junta» e hijo de Manuel Chaves, donde éste anotó sus «facturas» con Martínez.
O sea, cuando escribía Calle Llorens, la personalidad pública de Juan Carlos Martínez era evidente. Tampoco aceptó la sala de la Audiencia la petición de nulidad de la Fiscalía, que lo fundamentó en que, por entender que «en los hechos que se declaraban probados existía una predeterminación del fallo, por juicios de valor, y carencia expresa de hechos concretos probados, considerando que, además (en relación al menor) existía una incongruencia omisiva».
Finalmente, la Sala novena de la Audiencia de Málaga lo declaró culpable de injurias y calumnias «en ejecución de un plan preconcebido, como se acredita con la diversidad de actos, en fechas consecutivas y con intención manifiesta de ofensa, se efectúa una serie de acciones (en especial los declarados probados en el antecedente específico de esta sentencia) que ofenden en esencia al apelante «perjudicado y también parcialmente, en un único caso, a su hijo menor».
