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Un juzgado de Madrid admite a trámite la denuncia de médicos ante la falta de material

El Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad, para que en el término de 24 horas provea de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, ya sean hospitales, centros de Atención Primaria, Summa 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, tanto públicos como privados.

Por otro lado, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo en la que solicita que requiera al Ministerio de Sanidad la distribución de material de protección entre el personal sanitario, «dada la situación de emergencia sanitaria» por el COVID-19.

En el texto manifiestan que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar el trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.

El CESM solicita que, «sin más trámites y en el plazo de cinco días», se dicte auto por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir a la Administración demandada que «se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados» el material de protección. Algunos de los elementos que, según el sindicato, deben proporcionarse son batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.

La medida se ha tomado después de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando falta de material para sus profesionales, pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo. «La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia», concluyen.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está estudiando también acciones jurídicas y centenares de denuncias ante la Inspección de Trabajo o incluso a la Fiscalía, para que «tomen cartas en el asunto ante la situación de desprotección a la que se ve expuesto el personal de residencias de mayores y de la Sanidad en muchos hospitales que, obligados por sus superiores, deben atender a pacientes con coronavirus sin disponer de los materiales de protección adecuados, como mascarillas seguras, EPIs o gafas protectoras», explica en un comunicado.

La falta de este material está provocando «un gran número de bajas» entre celadores, TCAEs y enfermeras, médicos y en general de todo el personal que trabaja en la Sanidad (mantenimiento, limpieza, administración) y que es necesario para el funcionamiento de los centros, explican.

Desde el Gobierno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha informado de que hay abiertas varias líneas de trabajo para poner en marcha en España la producción «a gran escala» de mascarillas, gafas, batas desechables, geles hidroalcohólicos o respiradores.

Maroto ha subrayado que en este momento es «crucial» garantizar el suministro para proteger la salud de los profesionales sanitarios y de los trabajadores destinados a servicios esenciales, labores de abastecimiento y del conjunto de la población. Para ello, es necesario potenciar la producción nacional de este material que es imprescindible para salvar vidas, ha agregado.

Así, la ministra ha destacado la línea de trabajo que se está desarrollando con la empresa madrileña Gersil y la valenciana Temel para que puedan incrementar su producción diaria de respiradores y atender, así, la alta demanda de equipos que se requieren.