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Un segundo informe del Senado rechaza la Ley de Amnistía por poner en peligro las autonomías

La propuesta del Grupo Parlamentario Popular del informe de la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónmomas del Senado, que se votará en una reunión del próximo lunes, rechaza la Ley de Amnistía porque pone en peligro el Estado Autonómico, según el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. A juicio de los populares, «la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía deja desprotegido el Estado Autonómico al sentar un precedente peligroso para su propia supervivencia, puesto que ofrece una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales que, en el futuro, puedan volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad sobre los que se asienta nuestro modelo de organización territorial». Igualmente, señala que «la aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y arbitraria supondría un golpe muy duro para el Estado Constitucional, tanto en términos políticos como jurídicos:

En el documento se señala que «el Senado –Cámara de representación territorial- ve fraudulentamente neutralizadas sus facultades reconocidas por el artículo 168 CE, al esquivarse, mediante el procedimiento de una ley orgánica, la vía obligada de una reforma constitucional». Por ello, apunta que «nos encontramos, por ello, ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978».

Este informe señala que la «Proposición de Ley Orgánica de amnistía debilita la fuerza vinculante de los principios del Estado de Derecho y devalúa la normatividad de la Constitución de 1978. Se crea un precedente nefasto: si el Tribunal Constitucional no la anula, nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías. El principio de igualdad y la reserva de jurisdicción quedan completamente desprotegidos frente al legislador y cualquier mayoría absoluta futura podría excepcionarlos, aun careciendo -como hemos tratado de exponer- de fundamento constitucional y sin que concurra -como es el caso de esta proposición de ley- ninguna finalidad legítima».

El Grupo Popular señala que «desde un punto de vista político, el efecto de la ley es la deslegitimación del Estado, de su Derecho y de sus Instituciones. El efecto de la amnistía es la deslegitimación de la obligada y necesaria respuesta que el Estado dio al golpe de 2017: la desautorización del Senado que autorizó la activación de la “coerción federal” prevista en el artículo 155 de la Constitución; la desautorización del Gobierno de España que aplicó dicho precepto; la desautorización del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los hechos del procés y avaló la respuesta del Estado; y, la desautorización del Poder Judicial que combatió la insurrección con los instrumentos propios del Estado de Derecho (Código Penal)».