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Una Constitución en cuarentena

Cuenta José Luis Villacañas en ‘Historia del poder político en España’ que el pecado original de la Constitución de 1876 fue verse como definitiva cuando en realidad iba perdiendo respaldo político y social: “Se mostró incapaz acompañar la vida histórica española, que pronto asumió una evolución propia, desconectada de la regulación oficial de la vida política. La realidad social siguió su camino y las élites encastilladas en la Constitución hicieron como que no lo veían”.

Más de un siglo después, las cúpulas dirigentes vuelven a mirar hacia otro lado, sin prisa, incapaces de forjar los consensos imprescindibles para adaptar la Carta Magna del 1978 al sentido común de una nueva época, mientras la ley fundamental permanece atrincherada en la gloria del pasado, anclada en el reloj histórico de la Transición.

Es cierto que la sacudida del 15-M y la llegada de dos nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos) espolearon las expectativas de reforma constitucional. Incluso los grandes guardianes de las esencias, PP PSOE, hacedores y grandes beneficiarios del régimen se avinieron a estudiar la posibilidad de una actualización. Abierto a reflexiones queda si fue por convicción o como respuesta al miedo del fin del bipartidismo. De aquel interés solo queda buenismo declarativo. “Necesitamos una reforma de la Constitución. La sociedad va por delante y las fuerzas políticas deben estar a la altura de ese anhelo y saber canalizarlo”, dijo este miércoles el presidente del Gobierno.

En el cajón

Más allá del discurso, lo cierto es que aunque la legislatura comenzó con las promesas de los cuatro grandes partidos para actualizar la Carta Magna, pasado el ecuador, no es que no haya avances, es que la reforma ha desaparecido del mapa por un cúmulo de circunstancias.

La mirada estrecha de unas fuerzas políticas encerradas en disputas internas (PSOE y Podemos); la tendencia de entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  a dejar pudrir los problemas; y la leña echada al fuego por Albert Rivera en la situación de Catalunya y todo lo sucedido el 1-O han imposibilitado reforma alguna en los últimos tres años. Ahora, la irrupción de Vox en las instituciones y el clima preelectoral dejan la oportunidad de reformar la Constitución a fondo en vía muerta.  

La atonía de los partidos constitucional contrasta con el discurso de Felipe VI, que ha abogado recientemente por “buscar fórmulas para restablecer un sistema en el que todos estén a gusto, dentro de las normas constitucionales”.

La figura del Monarca vuelve a los titulares después de que el presidente, Pedro Sánchezse haya mostrado a favor de revisar la inviolabilidad del Rey, algo que el PSOE recuerda que no entra en los planes del Gobierno y que requeriría una reforma agravada de la Constitución para la que no hay consenso.

Sí lo habría para revisar otras cuestiones relativas a la Corona, como la preferencia del varón en la sucesión. Sin embargo, la apuesta de IU (asumida por Podemos) por impulsar un referéndum en el que los españoles elijan entre Monarquía y república suscita entre el resto de partidos todavía más dudas sobre la conveniencia de plantear cambios constitucionales ahora.

El proceso abierto informal por varias universidades españolas para plantear esa misma cuestión crea todavía más reticencias en las fuerzas políticas que defienden el papel del Rey.

Con este contexto, el único intento que hay de retocar la Constitución es la limitación de los aforamientos a los políticos (miembros del Gobierno y parlamentarios estatales), que ya ha validado el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo calcula que podría tener lista en un año. Aunque a rasgos generales los partidos están de acuerdo en recortar los aforamientos, a PP, Podemos y Cs les parece insuficiente la iniciativa.

Comisión aletargada

La única propuesta firme en toda la legislatura para avanzar en la cuestión medular de una eventual reforma, la comisión territorial puesta en marcha por el PSOE, languidece en el Congreso. Fue un intento de dar solvencia a la propuesta federalista para resolver el conflicto catalán y actualizar un estado de las autonomías que dio sus frutos pero que para unos quedó incompleto y para otros llegó demasiado lejos.

Todavía en la oposición, Sánchez exigió a Rajoy que el PP se incorporase a esta iniciativa para estudiar posibles alternativas al encaje territorial a cambio de apoyar el 155 en Catalunya. El órgano se ha venido reuniendo sin pena ni gloria. Citó a los ‘padres’ del texto constitucional (que no se mostraron demasiado entusiasmados con la idea federalista que postula el PSOE), advirtieron de que “la ira” que detectan entre partidos no recomienda la reforma, detallaron algunas fórmulas para modernizar el estado autonómico y para superar el constante conflicto de competencias.

La comisión prevé pedir opinión a un centenar de expertos. Entre ellos, los presidentes territoriales y exjefes de Gobierno. Cuando terminen los trabajos, se elaborará un informe que se elevará a la comisión Constitucional.

Qué se hará con él, está por ver, aunque el clima político parece poco propicio para engendrar grandes reformas: la fragmentación parlamentaria dificulta un cambio que necesita una mayoría absoluta y que implica la disolución de las Corteselecciones generales y la convocatoria de un referéndum.

PP, PSOE, Podemos y Cs no dan ninguna muestra de que la reforma sea prioritaria en un momento de sacudida del tablero político, máxime con la sorpresiva llegada de Vox.