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Una desclasificación acertada y necesaria

El caso Fondos Reservados desvelado por OKDIARIO necesita una justicia firme y unos políticos decididos para llegar hasta el final de unas investigaciones que clarifiquen todos los aspectos del escándalo. El actual Gobierno socialista acierta en su voluntad de desclasificar los documentos secretos de un asunto en el que se utilizó dinero público para efectuar acciones de espionaje político y que atañe a la cúpula del Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz. Un tema de suma gravedad dadas las consecuencias políticas y en el que cualquier aporte de documentación extra es esencial para ampliar las pesquisas que este periódico ha publicado a lo largo de las últimas semanas.

El Ejecutivo atenderá así la petición del juez Diego de Egea, que investiga una supuesta operación encargada presuntamente por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con ayuda del ex comisario José Manuel Villarejo y del chófer de Bárcenas. En dicha operación, que pretendía rescatar papeles comprometedores para Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, también tuvo un papel destacado el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. El actual hombre fuerte del Partido Popular en el Senado coordinó las distintas operaciones, desde el soborno al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con 48.000 euros, hasta el enchufazo en la propia Policía Nacional. Esta operación llegó a contar con 80 agentes involucrados que, en lugar de velar por la seguridad de todos los españoles, se dedicaron a espiar a Luis Bárcenas.

La justicia, por tanto, debe llegar hasta el final. Los fondos reservados están para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo, no para tratar de blindar los intereses particulares de unos pocos. No obstante, el Partido Popular también debería abrir su propia investigación interna y depurar todas las responsabilidades antes de que el caso siga creciendo. Pablo Casado es un político con mucho futuro que no puede ni debe ver cercenada su proyección por no atajar el problema y solucionarlo lo antes posible. Sobre todo porque este escándalo podría conllevar delitos de prevaricación, malversación, cohecho y, quizá, cohecho impropio. Todos ellos tipificados en el código penal —artículos 420, 404 y del 419 al 427 respectivamente— y con posibles penas de cárcel. Por lo tanto, la desclasificación es clave y el Gobierno actúa con diligencia al llevarla a cabo.