Una futura salida pactada al conflicto catalán choca con la radicalización territorial en Catalunya y el resto de España

Los conflictos territoriales tienen la maligna virtud de retroalimentarse. Es decir, cuanto más radicaliza sus mensajes y posiciones un bando, más lo hace el otro. Y eso, finalmente, acaba por hacer muy difícil el entendimiento, si es que no conduce directamente a un choque civil de magnitudes inciertas. Afortunadamente, España no es Europa del Este, pero las tensiones territoriales suelen reproducir pautas similares en todas partes. Y en el caso catalán, los indicadores de los sondeos reflejan esa creciente retroalimentación, que, todo sea dicho, parecía mitigarse en los últimos tiempos, aunque las acciones más recientes pueden provocar nuevas inflamaciones políticas y emocionales.

Bastan cuatro preguntas –dos en el conjunto de España y otras dos en Catalunya– para medir, a través de las respuestas, la inflamación a lo largo del tiempo. En el caso de España, la magnitud de la erupción territorial e identitaria se expresa en el crecimiento, a partir del 2010, del apoyo a “un Estado sin autonomías” o “en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad”. Concretamente, esa preferencia creció en 14 puntos en el 2012, a raíz del estallido del proceso soberanista catalán. En cambio, y a diferencia de lo que iba a ocurrir en Catalunya, la identidad española apenas se movió. Es más, mientras en el 2010 –y antes de que la sentencia del Tribunal Constitucional actuase como un catalizador de la desafección catalana– los ciudadanos del Estado que se sentían “sólo” españoles o “más españoles que de su comunidad autónoma” suponían más del 26%, dos años después ese porcentaje había caído seis puntos, al 20%. Y aunque luego volvió a crecer (ver gráfico adjunto), ya no alcanzó las magnitudes del 2010 y concretamente en septiembre pasado se situó en el 23%.

La recentralización ganó apoyos en España mientras la separación lo hacía en Catalunya

Por el contrario, el apoyo entre los españoles a un cerrojazo autonómico rozó el 40% en el 2012 y se mantuvo por encima del 33% hasta el 2014, cuando comenzó a estabilizarse por debajo del 30%. En septiembre pasado, sin embargo, más de un 29% de los ciudadanos españoles –casi un tercio del electorado y 4,4 puntos más que hace siete años– apostaban por recentralizar o incluso suprimir las autonomías.

La evolución en Catalunya presenta algunas similitudes, aunque en este caso en sentido contrario. Mientras en el 2010 sólo uno de cada cinco ciudadanos de Catalunya se sentía “sólo catalán”, dos años después esa cifra rozaba el 30%, lo superaba en el 2013 y no comenzaba a descender visiblemente hasta el 2016. Este verano (los datos son en este caso del CEO), un 22,8% de los consultados (2,5 puntos más que en el 2010) se sentían únicamente catalanes.

La inflamación territorial, en cambio, fue mucho más aparatosa y ha dejado huellas más perennes. Mientras hace siete años sólo un 25% de los consultados apostaba por una Catalunya independiente, hoy esa cifra ha crecido en más de nueve puntos y roza el 35%. Eso sí, el respaldo a la independencia ­superó el 48% en el 2013 y no bajó del 40% hasta el 2016. La caída en más de cuatro puntos entre ese año y el actual supone, sin embargo, un cierto reflujo de la polarización territorial.

A partir del 2014, las posturas más radicales han reducido sus apoyos en todas partes

El problema de cualquier diálogo en busca de una solución aceptable para todas las partes reside, no obstante, en las hipotecas electorales de los distintos actores en juego. Por un lado, los principales partidos españoles tienen un importante contingente de votantes contrarios a cualquier concesión que suponga una ampliación del autogobierno (catalán o de cualquier otro territorio de España). Por otro, una mayoría aplastante de los votantes de los partidos soberanistas catalanes apuesta exclusivamente por la independencia. En el caso del PP, los partidarios de un Estado sin autonomías o con menor nivel de autogobierno que en la actualidad suponen casi el 50% de sus votantes (y casi el 45% entre los de Ciudadanos). Sin embargo, tampoco la izquierda está libre de estas hipotecas. Uno de cada cuatro votantes socialistas o de Podemos también apuesta por suprimir o al menos reducir el autogobierno autonómico. El margen de maniobra, por lo tanto, parece limitado ante una negociación en la que los protagonistas parten de posiciones muy distanciadas.

De hecho, en el bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP), más del 82% de sus votantes ve la independencia como única opción, y la otra alternativa (un Estado federal) solamente tiene el respaldo del 15% de sus electores. Es decir, cualquier fórmula intermedia entre la secesión y el modelo autonómico actual encontraría el rechazo de una mayoría abrumadora del electorado soberanista. Quizás sólo una severa cura de realidad empuje a unos y a otros a explorar caminos menos ideológicos y más viables políticamente.

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Identidades (Anna Monell)
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