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Una jueza extiende las sospechas del fraude de los ERE a toda la Junta

Un juzgado acaba de hacer estallar una bomba en la línea de flotación del PSOE andaluz en plena precampaña para los comicios autonómicos del 2 de diciembre, al apuntar que el sistema que permitió el fraude de los ERE y las ayudas sociolaborales, las transferencias de financiación, fue empleado en el resto de consejerías de la Junta de Andalucía durante toda la década pasada. La sospecha de un posible caso de corrupción de mayor cuantía incluso que el de los ERE llega cuando aún no ha concluido el juicio que sienta en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que trata de dilucidar precisamente si ese sistema era o no irregular.

Las diligencias están en una fase muy inicial, y por ahora solo se ha solicitado información para que sea analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero lo cierto es que la decisión judicial pone en revisión toda la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, y no solo en un área delicada como Empleo, como ocurría hasta ahora. «La corrupción de cuarenta años de socialismo andaluz es endémica», dijo el PP tras conocer el auto. De esta manera, este nuevo frente judicial amenaza con protagonizar la campaña electoral por parte de los partidos de la oposición, pese a los esfuerzos de Susana Díaz y la actual ejecutiva socialista en Andalucía de ceñir los casos de corrupción a épocas pasadas y hacer hincapié en que fue la propia presidenta quien les acabó poniendo coto.

Esa providencia de petición de documentación, dictada el pasado 1 de octubre, parte de la premisa de que fueron todas las consejerías andaluzas, y no solo Empleo, las que usaron las transferencias de financiación para gastos de diverso tipo al margen de cualquier control, por lo que el fraude superaría con creces los 800 millones cuestionados en el ‘caso ERE’. Según estimó en el 2011 el PP, las transferencias de financiación realizadas desde el 2001 a la agencia Idea rondaron los 4.315 millones.

Las transferencias son una herramienta contable usada habitualmente por las administraciones públicas para financiar las actividades propias de las empresas públicas y equilibrar su cuenta de pérdidas o ganancia. En el caso de la Junta, cada consejería envió al Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y más tarde a Idea fondos que posteriormente acabaron destinados a otro tipo de actividad, como por ejemplo el pago de ayudas, aprovechando la ausencia de fiscalización previa en estas entidades.

En espera de la sentencia

Por tanto, deduce la jueza, si Empleo cometió una ilegalidad al pagar así los expedientes de regulación de empleo, el resto de consejerías del Gobierno también la habrían cometido. Pero esta tesis podría quedar en suspenso una vez que se conozca el resultado del juicio que sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos públicos en estos momentos, y cuya sentencia se conocerá no antes de la próxima primavera.

La jueza reclama a la Consejería de Economía y Hacienda que emita una «certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas consejerías de la Junta» al IFA/IDEA entre los años 2000 y 2011, ambos incluidos. La providencia requiere que sean desglosadas por departamentos, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, «con indicación del centro directivo al que corresponden», y que se incluya además el calendario de pagos acordado en cada caso y los justificantes de las transferencias realizadas.

Asimismo, reclama a la Agencia IDEA que en el plazo de un mes le remita un resumen de los gastos realizados con esos fondos provenientes de las distintas consejerías, y de los programas presupuestarios, así como de los acuerdos del Consejo de Gobierno que los ratificaba.

La investigación

El caso se inició en octubre del 2016, a partir del ‘caso ERE’ y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que sospechó de un supuesto delito masivo en la financiación de la Agencia Idea. El PP ya habló entonces de un «descomunal fondo de reptiles» en dicho ente público, insistiendo en que el dinero llegaba a la agencia para evitar el control de la Intervención pero que en ningún caso se podía usar para el pago de subvenciones, siguiendo el razonamiento del ‘caso ERE’. De hecho, para los populares, el ‘caso ERE’ solo era la muestra de una forma de gestionar «al margen de los controles» y durante muchos años.