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Una mayoría muy ajustada del Supremo se inclina por no reconocer retroactividad al fallo de las hipotecas

La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo reunidos este lunes en Pleno para tratar de unificar doctrina con respecto al cambio de la interpretación del sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados el pasado 18 de octubre se inclina por aceptar el cambio jurisprudencial (el propio Alto Tribunal ya dejó claro en una nota anterior que la sentencia es firme y que no se contemplaba revertir la misma) y porque no haya retroactividad en la aplicación del cambio del impuesto, esto es que sea la banca quien pague el IAJD a partir de ahora, sin que haya ningún cambio en los impuestos pagados los años anteriores.

Según informan a OKDIARIO fuentes jurídicas, los 31 magistrados que integran la sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal han dedicado la mañana a establecer si el propio Pleno es competente para establecer este cambio jurisprudencial teniendo en cuenta que la modificación de octubre se realizó con sentencia firme.

En juego, según Moody’s unos 640 millones de euros que es lo que supone el pago del impuesto al año, más unos 2.300 millones que supondría el pago retroactivo de cuatro años, que es el periodo que hay para los reajustes con la Agencia Tributaria.

No son expertos

Treinta magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 4 de ellos mujeres y 26 hombres, junto a su presidente se están reuniendo este lunes para decidir el futuro de 2.300 millones de euros, que son los que Moody’sha calculado que tendrá que afrontar quien tenga que pagar la factura del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido popularmente como ‘impuesto hipotecario’.

El auto que salga del Pleno de hoy determinará, entre otros, si la polémica sentencia que dictó la Sala Tercera del Supremo tendrá carácter retroactivo. Algo que obligaría a devolver el impuesto abonado desde hace cuatro años. No obstante, también podría establecer que nadie tenga que hacerse cargo de estos 2.300 millones y que el cambio en la interpretación del impuesto solo se produzca con posterioridad a la sentencia. Esta decisión no evitaría las demandas por vía civil que los despachos de abogados están preparando, pero sí otorgaría mayor estabilidad dado que ni las Haciendas de las comunidades autónomas ni los bancos tendrían que afrontar el impuesto hipotecario con carácter retroactivo.