Una represión con dos caras

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La abundante producción historiográfica en torno a la violencia en la España de los años 30 y 40 del pasado siglo nos permite precisar cómo durante ese periodo, las pérdidas humanas provocadas como consecuencia directa o indirecta de las operaciones militares de la Guerra Civil, no fueron las únicas. La honda brecha entre los españoles tuvo su incidencia en el elevado número de asesinatos y ejecuciones en cada una de las retaguardias, actuaciones que se prolongaron durante los primeros años de la posguerra.

Ahora bien, no es solamente que las bajas a consecuencia de la represión se sitúen en el contexto más amplio de un enfrentamiento militar sino que el recurso a la violencia es indicio de un conflicto de más largo alcance. Con la implantación de la República en 1931, inicia su fase culminante un proceso revolucionario cuyos orígenes remotos pueden ponerse en el inicio de la edad contemporánea. El panorama no es exclusivo de España. Sin ir más lejos, Francia conoció el empleo masivo del terror como instrumento revolucionario y se había recurrido a la violencia para dar por zanjados episodios como la Comuna. Y encontramos semejanzas en sucesivas guerras civiles revolucionarias del siglo XX: Rusia y países limítrofes, Finlandia, Hungría, Yugoslavia y Grecia. También encontramos una represión mucho más sangrienta que la española en el entorno de la II Guerra Mundial y la inmediata posguerra.

Volviendo a España, desde 1931 las diversas facciones izquierdistas cultivaron sistemáticamente la violencia convencidos de que les abriría el camino al triunfo definitivo. Así, para Largo Caballero, «Estamos en plena guerra civil. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee, no una bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución socialista» («El Socialista», Madrid, 9-11-1933).

De la «lucha de clases» al «genocidio»: la izquierda nos explica la represión

A raíz del libro publicado por Ramón Salas Larrazábal en 1977 con el título «Pérdidas de la Guerra», son numerosas las publicaciones que se han centrado en la represión.

En un primer momento, la historiografía militante de izquierdas se acogía a formas más o menos depauperadas del materialismo histórico. Al tiempo, se retomaba un argumento ya utilizado por la propaganda en los años de la guerra: la existencia de una diferencia notable entre lo ocurrido en las dos retaguardias, radicada en el carácter sistemático y ordenado desde arriba de la represión en zona nacional mientras que los republicanos habrían sufrido, todo lo más, el desbordamiento de una violencia espontánea y de carácter popular, fruto de la agresión previamente sufrida.

En realidad, la responsabilidad de la violencia en la retaguardia frentepopulista residió de manera directa en los poderes públicos que monopolizaron el poder. Es decir, el terror izquierdista se organizó desde el principio en su doble vertiente: la policial (al servicio del Gobierno, los partidos y los sindicatos) y la militar (ejecutada en un primer momento por las milicias y, posteriormente, desde el propio Ejército Popular). El funcionamiento de las checas y organismos semejantes resulta imposible de interpretar si se olvida la existencia en paralelo de un Gobierno y de un proceso revolucionario, así como la pugna entre los protagonistas de éste para determinar cuál de las fuerzas implicadas lograría imponer su hegemonía. Esta circunstancia determina también un rasgo característico del terror en esta zona (sin parangón en la nacional) que es la violencia sufrida por los propios miembros de las organizaciones izquierdistas. Los comunistas van a asesinar a numerosos anarquistas, miembros del POUM y socialistas menos radicalizados y van a sufrir, a su vez, represalias desde estas facciones. Cuestiones como la persecución religiosa iniciada por la República en 1931 y que supuso un porcentaje importante de las víctimas, merecería tratamiento aparte. Para todo lo dicho, remitimos al trabajo de José Javier Esparza («El terror rojo en España», Barcelona: Áltera, 2007) y a la investigación de Manuel Aguilera Povedano sobre la violencia en el seno de las diversas facciones izquierdistas («Compañeros y camaradas. Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil española», Madrid: Actas, 2012).

Cifras de víctimas: falso debateLos estudios más serios permiten establecer que las víctimas de la guerra se sitúan en torno a las 630.000, incluyendo las causadas por enfermedad, combates y ejecuciones. La sobremortalidad por enfermedad se establece con facilidad (unas 330.000 bajas) y corresponderían a muertes violentas el resto. Los caídos en acción de guerra han sido estimados en torno a los 160.000 y la represión habría costado unas 140.000 vidas entre los dos bandos y la posguerra. Es significativa la elevada proporción que representan las muertes violentas al margen de las operaciones militares: cerca de un 50%. Unas 60.000 fueron las víctimas en la retaguardia frentepopulista mientras que el número de ejecutados por los sublevados y en la posguerra se situaría en el entorno de los 80.000. En el primer caso era menor el número de población considerado potencialmente hostil al quedar provincias enteras fuera del control de los frentepopulistas, por lo tanto, la represión en zona republicana causó menos víctimas en números absolutos pero la cifra resulta, proporcionalmente, mayor que la de la represión en zona nacional.

Los revisionistas vinculados a la memoria histórica pretenden elevar la cifra de los represaliados por los alzados hasta valores muy por encima de los cien mil ejecutados. Para ello se prescinde de los datos aportados por las estadísticas demográficas y se utilizan estimaciones, misteriosos informes basados en recuerdos más o menos elaborados o se atribuyen a la represión causada por los sublevados víctimas que en realidad se deben a acción de guerra e incluso se trata de asesinados por los republicanos.

Las represalias en la zona frentepopulista costaron la vida a miles de personas y conocieron un grado de crueldad difícilmente parangonable. No hay razón alguna para sostener que el terror en el campo republicano fuera infinitamente menos importante que el del campo nacional. Eso sí, los varios miles de personas fusiladas aquí como consecuencia de la aplicación de los bandos de guerra y de los procesos judiciales de naturaleza militar, así como manifestaciones de una represión irregular que se mantuvo en la posguerra son lo suficientemente expresivas para plantear con toda seriedad la cuestión. Interesa subrayar ahora que la represión en zona nacional, y de manera particular en la posguerra, fue de manera predominante el resultado de una exigencia de responsabilidades por comportamientos durante el período de control revolucionario de los que se derivaban consecuencias penales, es decir, que se juzgaba por delitos concretos. Es cierto que no sólo se consideraban los crímenes de guerra sino también la participación en las instituciones políticas y militares del bando revolucionario. Esto obliga a distinguir cuidadosamente entre los posibles inocentes, víctimas acaso de falsas delaciones, de los responsables de crímenes sin que quepa una posible equiparación.

El proceso es reversible

En una reciente revisión del panorama historiográfico acerca de la Guerra Civil, el historiador Arnaud Imatz acaba concluyendo que gracias al trabajo de una minoría de historiadores independientes, la visión maniquea y falsamente progresista de la Segunda República y la Guerra Civil impuesta por la izquierda ha recibido un golpe mortal. La visión parcial, sin duda, sigue siendo predominante en los ámbitos estatales y en la propaganda pero en muchos medios de comunicación y en sectores cada vez mayores de la opinión pública, la percepción de la historia española del siglo XX es muy diferente de los mitos sostenidos por la izquierda.

Es necesario ahora que el pasado de los españoles y su conocimiento histórico vuelvan a formar parte del entramado de virtudes y valores aceptados y cordialmente vividos que nos unen como comunidad política. Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados «usos públicos de la Historia», y nunca desde la ignorancia o la falsificación del pasado, promovidos por el afán de hegemonía de un proyecto totalitario.