La fiscal titular de la Audiencia Provincial de Lérida, Valerie Isabel Oyarzun, elaboró recientemente dos informes jurídicos sobre las medidas adoptadas para afrontar la Covid-19 y las considera de dudosa legalidad porque violan derechos fundamentales y ponen en peligro la vida y la integridad fisica de los ciudadanos. Sus informes, centrados en el mundo laboral y en los centros educativos, dejan clara la vulneración de derechos fundamentales de los protocolos aplicados en empresas y colegios ante la existencia de medidas alternativas y constituye un excelente documento de apoyo para los padres que quieren proteger la salud de sus hijos y para los maestros a los que se expedienta por negarse a seguir las instrucciones oficiales.
La actual fiscal titular de la Audiencia Provincial de Lérida fue antes titular de la Audiencia Provincial de Melilla y posteriormente de la de Sevilla, lleva 18 años ejerciendo el cargo y tiene pues amplia experiencia. Gracias a los programas de intercambio del European Judicial Training Network EA -programa europeo de prácticas judiciales- amplió su formación en 2010 en Albertville (Francia) y en 2012 en Lieja (Bélgica) participando en 2014 en un programa de cooperación jurídica internacional penal y en 2017 en uno civil.
Posteriormente se formaría en Biomedicina así como en Derechos Humanos y Familia merced a cursos patrocinados por el Consejo de Europa y en 2020 recibió enseñanzas sobre libertad de expresión e información gracias a Journalism Courses.
Se trata pues de una fiscal de amplio bagaje jurídico cuyo nombre ha saltado a la palestra porque en octubre se hicieron públicos dos contundentes informes suyos en los que cuestiona la legalidad de la obligación de usar mascarillas en centros educativos y lugares de trabajo, Según explica hay razones suficientes por las que cabe cuestionarse la necesidad, la proporción, la oportunidad de los mismos y, en su caso, la opción por otras alternativas”.
Valerie Isabel Oyarzun
Valerie Oyarzun entiende que las medidas adoptadas para afrontar la Covid-19 son de dudosa legalidad porque violan derechos fundamentales y ponen en peligro la vida – y la integridad física de los ciudadanos.
Para la fiscal Oyarzun el hecho de que existan en muchos países informes científicos que cuestionan la seguridad y eficacia tanto de las mascarillas como de las vacunas hace que “las recomendaciones impositivas supongan la sumisión de la población a un experimento humano no consentido, incurriéndose en posibles delitos de tortura, siendo esas conductas “particularmente inadmisibles con relación a menores de edad, respecto de los que toda la población tiene el deber de velar por el interés superior del menor”.
La fiscal alega luego que ese deber corresponde en primer lugar a los padres que son quienes tienen la patria potestad y añade: “En dicho ámbito se enmarcaría la exigencia de los padres que, cumpliendo con sus obligaciones de llevar al centro educativo a sus hijos, instan a los responsables de esos centros a que estos no lleven la mascarilla durante el curso escolar, actuando en defensa de los derechos y libertades fundamentales de sus hijos por cuanto en modo alguno aceptan la sumisión de sus hijos en centros educativos a medidas sanitarias presuntamente constitutivas de graves delitos de tortura, trato degradante e inhumano, lesiones físicas y psicológicas e incluso delitos de lesa humanidad”.
