Vox «no dará un paso atrás» en su propuesta para aprobar un protocolo sanitario que obligue a los médicos a ofrecer a las madres que quieran abortan la posibilidad de escuchar el latido del feto. El partido exige al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que «cumpla el acuerdo» alcanzado en Junta de Gobierno el pasado jueves y que se anunció en una nota de prensa de la consejería de Sanidad, en manos del PP.
«Vox exigirá el cumplimiento del acuerdo«, ha defendido esta mañana el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en una entrevista en RNE, en la que se ha referido también a futuros pactos de gobierno que se puedan alcanzar entre PP y Vox sobre los que, «llegado el momento», se establecerá «un balance del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron ante de la investidura y, si no se cumplen, tendremos que revisar ese acuerdo y la opción de seguir o no en el gobierno«.
Garriga sitúa la pelota en el tejado del PP al asegurar que «quiere creer que el PP es gente de palabra» y «confían en la palabra del consejero de Sanidad» para elaborar el protocolo sanitario al que, entienden, se habían comprometido y que negó Mañueco ayer en rueda de prensa al defender que no se realizaría «ningún cambio» en este sentido.
Vox intenta rebajar el tono
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, ha aclarado después en una rueda de prensa desde que el Congreso que «revisar el pacto de gobierno y romperlo son cosas distintas». «Revisar constantemente qué grado de cumplimiento y de avance se tienen los pactos en Castilla y León no es ninguna novedad», ha asegurado, sin especificar qué consecuencias tendría su incumplimiento, evitando hablar de una posible salida del Gobierno de Castilla y León.
Fuentes de Vox señalan al PP y sus «contradicciones» como origen de la polémica, que ha aprovechado la izquierda para generar una brecha en el gobierno de Castilla y León y provocar una disputa entre ambos partidos a nivel nacional. Aseguran que Génova forzó a Mañueco a rectificar el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox después de que Borja Sémper se manifestara en contra de la medida. Una cambio de postura del presidente de Castilla y León que interpretan como una «marcha atrás» que no comparten y ante el que exigirán acogerse a lo pactado.
