Alejandra Gils Carbó, procuradora general. Foto: LA NACION
La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó aseguró hoy que no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto al considerar que sería un acto totalmente «inválido e inconstitucional».
«Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que sean destituidos por decreto y a los ministros de la Corte», indicó.
En una entrevista que brindó a radio Con Vos, la jefa de los fiscales denunció que hay muchas presiones para la Justicia y que está muy preocupada por el crecimiento de la violencia contra el sistema judicial. «Ya ha habido jueces federales que denunciaron presiones y los jueces laborales están expuestos a una campaña de hostigamiento constante», indicó.
«En lo que a la Procuración respecta, esto empezó en noviembre de 2015, cuando el entonces candidato y ahora presidente [ Mauricio Macri ] decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno», agregó.
Gils Carbó advirtió que sería «un escándalo» que el Gobierno intentara removerla de su cargo «al mejor estilo Nicolás Maduro». «Existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la procuradora de Venezuela) y lo que me está pasando a mí. Maduro la quiere destituir por un modo contrario a la Constitución, lo mismo que me pasa a mi», sostuvo.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una chavista de la primera hora, comenzó a desligarse del gobierno venezolano a partir de la violenta represión en las protestas de la oposición -que ayer cumplieron cien días-, que dejó casi un centenar de muertos. Tras sus críticas al régimen, y principalmente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, Nicolás Maduro impulsó un proceso de destitución en su contra, que se concretaría en los próximos días.
Por otro lado, Gils Carbó reconoció su pertenencia al grupo de Justicia Legítima, al cual definió como «un grupo de magistrados y funcionarios judiciales progresistas en el ámbito de la justicia» y aclaró que «no tiene ninguna afiliación partidaria».
«No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución», agregó.
