El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy allanamientos en el MInisterio de Finanzas y en otras oficinas del Gobierno, en el marco de una causa que investiga operaciones financieras realizadas con los activos de la Anses. La causa se inició por las denuncias de dos diputados de la oposición que aseguraron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) vendió acciones generando un grave perjuicio a las arcas públicas.
Según informó Infobae, Bonadio ordenó hoy ocho allanamientos. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a la LA NACION, el mayor operativo se desplegó en las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en Tucumán al 500. En un principio, la Policía Federal se presentó en la sede central de la Anses , en Córdoba al 700, pero los funcionarios explicaron que la documentación buscada se encontraba en el otro edificio.
Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que también fue allanado el Ministerio de Finanzas.El fiscal Jorge Di Lelloimputó días atrás a ministro de Finanzas, Luis Caputo ; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el conjunto de activos financieros que administra la Anses tras el traspaso de las AFJP al Estado.
Sede del Anses en Tucumán al 500. Foto: Street View
Bonadio también ordenó operativos en empresas privadas vinculadas con las operaciones de la Anses entre ellas, Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin. «La sociedad, en plena cooperación con los agentes policiales intervinientes, entregó la documentación requerida», señalaron desde la empresa a LA NACION.
Tal como informó este medio, la causa se inició por dos denuncias, de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda y del diputado del FPV Rodolfo Tahilade, que denunciaron que algunas operaciones de venta de acciones del FGS habrían generado un perjuicio al Estado.
Denuncias
En su escrito, Donda denunció la venta de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) a Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) en noviembre del año pasado. La operación se concretó luego de que Pampa Energía le comprara a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. Eso condujo al grupo de Mindlin a lanzar una Oferta Pública Obligatoria de Adquisición (OPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción. Recibió en total $ 2.482.140.001.
Para Victoria Donda, diputada de Libres del Sur y denunciante de la causa, se trató de una operación «sin respetar los principios de rentabilidad, seguridad y transparencia» que impone la ley. Considero que se sacrificaron «no sólo los activos del FGS sino también importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones». Entre otros argumentos, esgrimió que actualmente, y tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina están en un valor que ronda los $18, con una tendencia alcista muy pronunciada en pocos meses. «Los destinatarios del beneficio fueron empresarios que mantienen relaciones extremadamente cercanas al actual gobierno nacional», manifestó la diputada.
La Anses siempre destacó que hizo su «análisis de oportunidad, mérito y conveniencia». Desde esas oficinas señalaron a LA NACION que «si bien hay una diferencia con la cotización posterior, eso no significa que esa ganancia hubiera sido realizable, dado que fue afectada su liquidez». «La rentabilidad por acción de Petrobras creció un 81%, pero los días necesarios para vender la tenencia del FGS pasaron de 704 a 3106», explicaron.
En su denuncia, Tahilade denunció otra operación. Señaló que en octubre del 2016, el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En la misma acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de US$ 75 millones al Estado.
Según consta en la imputación que hizo el fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.
Donda y Tahilade, en tanto, pidieron investigar la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor. El escrito indica que los papeles se vendieron a $ 3,42, un valor presuntamente inferior al precio de mercado vigente.
La unidad fiscal especializada en delitos contra la seguridad social (Ufises), también elevó un escrito donde consideró que la venta de las acciones de Indupa generó un perjuicio de US$ 1.168.502.
