El gobierno de Mauricio Macri comenzó a hacer sentir su malestar hacia el juez federal de Chubut, Guido Otranto, a quien por lo bajo le cuestionan diversas medidas, lentitud en la investigación o la falta de voluntad para resolver cuestiones que ayuden al esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1º de agosto último.
El encargado de transmitir esa preocupación ayer fue el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, que señaló en San Carlos de Bariloche que una decisión del magistrado «entorpeció la investigación».
Se refería a la resolución de Otranto de no ingresar con fuerzas de seguridad al territorio ocupado por Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) el 16 de agosto último. El magistrado había ordenado un allanamiento al campo de Pu Lof porque los perros rastreadores señalaban ese rumbo para encontrar a Maldonado.
Sin embargo, la comunidad mapuche rebelde se opuso al ingreso porque era «un territorio sagrado», ante lo cual Otranto hizo retroceder a los gendarmes que lo asistían.
También, en la Casa Rosada confiaron a LA NACION que Otranto debió ejercer mayor presión sobre los testigos mapuches Matías Santana y Soraya Guitart cuando se negaron a brindar más nombres de posibles testigos presenciales de la captura de Maldonado.
Durante la 38º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Burzaco dijo que la decisión de Otranto «entorpeció y dificultó la misma» y que, ante la posibilidad de ingresar al territorio ocupado, «equivocadamente optó por no hacerlo». El funcionario subordinado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó que para el Gobierno «lo más importante era tratar de revertir un posicionamiento que se estaba haciendo del tema que tenía que ver una desaparición forzada» de la causa Maldonado.
Por otra parte, Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, elogió a Otranto por su labor en el Habeas Corpus de Maldonado y dijo que «fue correcta y que los retrasos obedecen a la tardanza del defensor oficial en deducir el Habeas Corpus y a la demora natural de la complejidad de las medidas requeridas».
El funcionario señaló que en el caso la investigación «ha sido mucho más profunda que en otras causas de desaparición de personas», ya que además de Otranto la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, lleva una «investigación muy sólida».
Por último, señaló que «todos los intentos por detraer de la competencia de Otranto o de la fiscal federal en estas causas lo único que harán es producir un retraso indebido en el esclarecimiento de un caso».
