Por JOSÉ MALDONADO
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A partir del próximo 13 de marzo, el suspendido titular del Juzgadoen lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, afrontará la instancia de juicio político oral y público en el que se evaluará las acusaciones en su contra por mal desempeño en sus funciones, irregularidades administrativas, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público y que podría derivar con su destitución definitiva del cargo.
La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia fijó fecha en los últimos días para el arranque del proceso contra magistrado, quien fue suspendido en noviembre del año pasado con un trámite que se desarrolló en medio de una manifestación de militantes del kirchnerismo y dirigentes políticos y sindicalistas en respaldo de Arias.
Por estos días, ese organismo que preside Ulises Giménez está abocado en reunir y diligenciar toda la prueba que fue pedida por las partes de cara al proceso que se desarrollará desde el martes 13 del próximo mes y que tendrá como escenario la sala de juicio ubicada en el subsuelo del edifico anexo del Senado, en la esquina de 7 y 49.
El jurado estará presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia provincial Hilda Kogan, e integrado por cinco legisladores y cinco conjueces abogados que fueron sorteados el año pasado: estará el senador Roberto Costa (Cambiemos) y los diputados Walter Carusso (Cambiemos) Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y los letrados Diego Molea (rector de la Universidad de Lomas de Zamora), Fabián González, Osvaldo Pisani, Ambrosio Bottarini y José Apaz.
APARTAMIENTO
En los primeros días de noviembre del año pasado, el jurado votó por diez votos a cero el apartamiento preventivo de Arias de su cargo en el juzgado Contencioso Administrativo y el embargo del 40 por ciento del sueldo del magistrado, dos medidas todavía en vigencia.
De esa forma, el tribunal presidido por Kogan consideró “admisibles” las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público y desechó los argumentos de la defensa de Arias, quien sostenía que el proceso estaba plagado de “irregularidades técnicas”, lo que redundó en “violación de normales elementales”.
De estilo confrontativo y un alto perfil que mantuvo desde el inicio de su carrera, Arias cobró trascendencia en el fuero que atiende cuestiones relacionadas con la administración del Estado, por sus fallos a favor de gremios docentes en conflicto con el gobierno y los que ordenaron frenar la aplicación de los aumentos de tarifas, además de su cuestionada intervención en la investigación por la cantidad de víctimas fatales que dejó la inundación. Eso le valió un enfrentamiento con el gobierno de Daniel Scioli y luego con el de María Eugenia Vidal.
El juez platense llega a la instancia de juicio político con 21 cargos en su contra, 18 de los cuales corresponden a supuestas faltas administrativas e irregularidades en el manejo del Juzgado n°1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que en algunos casos ya habían derivado en llamados de atención y medidas disciplinarias por parte de la Corte provincial.
En tanto, otras tres acusaciones corresponden a la supuesta comisión de los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de funcionario público”. En concreto, Arias está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, a partir de denuncias que impulsaron el fiscal platense Marcelo Romero y el subprocurador bonaerense Juan Angel de Oliveira.
En ese entonces, Arias había ordenado, según los denunciante en exceso de sus funciones, al fiscal Jorge Paolini que se abstenga de informar el número de víctimas de la inundación, lo que derivó en una acusación por parte de la entonces procuradora provincial María del Carmen Falbo y luego en una auto denuncia de Arias, que pidió él mismo ser investigado por estas supuestas irregularidades. Por ese episodio enfrenta los cargos de “incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad”.
Otra de las causas está vinculada a su actuación en el marco de una toma de terrenos en la localidad platense de Abasto que ocurrió en el año 2015, en la que intervino con órdenes al personal policial a pesar de que la competencia la tenía otro fuero.
Arias llega al juicio político con 21 cargos en su contra y suspendido en sus funciones
Pero, además, Arias fue denunciado por el diputado de Cambiemos Guillermo Castello por “manifiesta parcialidad política” por su participación, con firma, en una solicitada junto a otros muchos dirigentes políticos del kirchnerismo que se publicó en marzo del año pasado con el título “Unidos en defensa de la democracia y el bien del pueblo argentino” y que contenía críticas al gobierno de Mauricio Macri. En aquel documento, dijo en su momento el legislador oficialista, se llamaba a “defender la democracia como si creyeran que está en peligro” y que esta idea “reviste una equivocación y provocación que es propia de la política partidaria”.
De hecho, Arias concentró buena parte de su estrategia de defensa en ese marco. Dijo que es víctima de una “persecución política” desde la firma de la solicitada, aunque luego el titular de la Secretaría de Enjuiciamiento, Ulises Giménez, dijo que esa cuestión “no fue tenida en cuenta por el tribunal”.
El juez atribuyó esas acusaciones a “una embestida del gobierno” en su contra “por fallos que no fueron de su agrado” sobre incrementos de tarifas, el conflicto docente y el rechazo a descuentos a trabajadores estatales, entre otros. “Hay una razón política y no jurídica detrás de esto. De hecho, mi actuación en la inundación de La Plata ya fue motivo de otro jury y el jurado descartó todo tipo de irregularidad”, señaló.
La decisión de Arias de llegar a la instancia de juicio oral y público es poco común entre los magistrados que enfrentan acusaciones en estado avanzado, la mayoría de los cuales elige renunciar a sus cargos. Así lo hicieron el año pasado, por caso, el ex Juez de Garantías César Melazo y el fiscal de San Isidro Julio Novo. El último antecedente de una destitución en el Departamento Judicial La Plata fue la del ex fiscal de Brandsen Carlos Gómez, acusado en la misma causa en la que se investigó a Melazo vinculada a robo de ganado.
“No renuncia, aun sabiendo que tiene una situación por demás complicada, porque hace política”, asegura el senador de Cambiemos Juan Pablo Allan, quien se convirtió en uno de los voceros del oficialismo en la causa contra Arias. “Ahora está haciendo política con su jury. Si lo destituyen, seguramente va a poder ejercer libremente lo que más le gusta, que es la política”, agrega Allan.
