El duro golpe que la sequía le asestó al campo, principal generador de divisas de la Argentina, y la fragilidad de una economía que -según analistas privados- camina rumbo a la recesión, llevaron al Gobierno y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a acordar un esquema de acumulación de reservas más flexible al suscripto hace apenas un año. La decisión, anunciada ayer, todavía debe ser aprobada por el Directorio del FMI, que al comunicar las nuevas metas le exigió a la administración de Alberto Fernández políticas “más sólidas” y “esfuerzos” para revertir la sangría de divisas, a la par que advirtió sobre el “repunte” de la inflación. También pidió “una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social” para reducir el déficit.
Aunque el organismo crediticio aún no dio detalles sobre lo pactado, fuentes oficiales anticiparon que la meta trimestral de reservas será reducida en unos 3.000 millones de dólares y la anual, en unos 2.000 millones de dólares. En tanto que se mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.
La medida forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas de 30 meses de Argentina. Una vez concluida esa revisión, Argentina tendrá acceso a unos 5.300 millones de dólares.
Tras el preacuerdo, que le dará cierto respiro a la gestión oficial en el año electoral, el staff del Fondo advirtió en un comunicado que “en un contexto económico más desafiante, particularmente la sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa. En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023”.
En otro párrafo, el texto difundido desde Washington insistió en reclamarle al Gobierno “políticas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas de divisas”, para luego asegurar que una menor exigencia en la acumulación de reservas “acomodará parcialmente el impacto cada vez más severo de la sequía, al mismo tiempo que tendrá en cuenta los efectos compensatorios de menores precios de importación de energía y las medidas de políticas acordadas”.
Los cambios en el programa, según precisaron Luis Cubeddu, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, Jefe de Misión para Argentina, permitieron “alcanzar acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de forma duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”.
Tras ello, enumeraron: “Todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen. El déficit fiscal primario de 2022 alcanzó el 2,3% del PBI (frente a una meta del 2,5%), en particular debido al continuo sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social. Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas aumentaron en 5.400 millones de dólares (por encima de la meta de 5.000 millones de dólares), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial. El PBI real se expandió un 5,4% en 2022 y la inflación anual alcanzó el 94,8% al final del período”.
Los términos del acuerdo
Luego de machacar que el Gobierno deberá implementar de manera “firme y consistente” un paquete sólido de políticas “para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, abordar el aumento de la inflación y los recientes reveses de políticas”, Cubeddu y Ahuja se concentraron en los términos del nuevo acuerdo.
En cuanto a la política fiscal, se informó que las autoridades argentinas se comprometieron a alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PBI en 2023 “a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario”. En ese punto, se agregó que para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, “las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023”.
Otro párrafo se lo llevó la moratoria jubilatoria que el Congreso aprobó hace poco: “Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”, se indicó.
Los funcionarios del Fondo le apuntaron también a la escalada inflacionaria. Al respecto, indicaron que “para hacer frente a las continuas presiones inflacionarias, que han repuntado en los últimos meses, las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales”. En tanto que anticiparon una mayor restricción en el acceso a dólares: “Continuarán los esfuerzos para asegurar la competitividad externa y fortalecer la cobertura de reservas, que las autoridades planean complementar a través de la oportuna racionalización de la política cambiaria. También se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en los mercados cambiarios paralelos”, continuó el comunicado.
Por último, se subrayó que el compromiso de no acudir a adelantos transitorios del Banco Central para financiar el déficit por más de 0,6% del PBI en 2023 se complementará “con el financiamiento oficial de fuentes multilaterales y bilaterales, incluso mediante la finalización de acuerdos bilaterales con los pocos acreedores restantes del Club de París”.
Antes de ponerle la firma al documento, los representantes del FMI dejaron otra advertencia: “En el futuro, será esencial mantener políticas sólidas y adaptarlas según sea necesario a la evolución de las condiciones externas e internas”, dijeron para en una línea siguiente cuestionar medidas como el dólar “soja” o “Malbec”: “Las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”, remataron. Aunque más tarde trascendió que se abriría la posibilidad de otro dólar “soja”, no sólo para ganar en reservas, sino también para ayudar a la recaudación vía retenciones.
El reparo de los analistas
El anuncio de ayer llegó luego de varias semanas de discusión entre los funcionarios del Fondo y las autoridades argentinas, tanto en Buenos Aires como en Washington, y tras el pedido público de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para revisar un programa que ya se modificó tres veces.
La principal preocupación pasaba ahora por cambiar las metas de acumulación de reservas, que el Banco Central no puede robustecer sin la ayuda del principal generador de divisas: el campo, castigado como nunca por una sequía que no da tregua.
En ese contexto, el Gobierno debía sumar 9800 millones de dólares a las reservas netas del Central en 2022 y 2023. Algo imposible de cumplir, fundamentalmente por la crisis que afecta al agro.
Lo acordado ayer con el FMI no redundará en una baja drástica de la inflación ni llevará lluvia a los campos ni disparará la actividad económica. Así coincidían ayer distintos economistas y analistas para los que las nuevas metas no hacen más que “comprar tiempo” y “golpear” nuevamente en la credibilidad del programa que, no obstante, reafirma cierta “sensibilidad” del Fondo para ajustarse a la compleja coyuntura argentina y llevar, acaso, una bocanada de aire fresco al Gobierno. Al menos, hasta las elecciones de octubre.
Los funcionarios del Fondo le apuntaron también a la escalada inflacionaria
