Cuando faltan menos de dos semanas para la movilización del 7 de agosto, y después de más de tres meses sin una reunión, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , recibió ayer al triunvirato piquetero. Los movimientos sociales se llevaron el compromiso de las autoridades de discutir la emergencia alimentaria, bandera que enarbolan ahora.
Si bien fuentes de ambas partes dijeron que se trató de una reunión para «sentar una agenda de trabajo», en realidad hubo un intercambio: el Gobierno aceptó considerar las demandas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y los movimientos sociales limitaron, a su vez, los cortes. Además fijaron una reunión para la semana que viene, a la que sumarán al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y un encuentro con diputados de Cambiemos para discutir la implementación plena de la ley de emergencia social y discutir un programa alimentario.
Por la mañana, los piqueteros se apostaron en el Obelisco y en otros puntos del país, juntando firmas para que los diputados traten esta ley y visibilizar su reclamo. Sólo bajaban a la calle cuando cortaba el semáforo. Participaron del despliegue organizaciones, como el Frente Darío Santillán, que no tienen llegada directa al Gobierno, pero articulan con el triunvirato piquetero.
«Fue una reunión para ordenar la agenda porque nos habíamos reunido por última vez en marzo. Hoy se aplica sólo un tercio de lo prometido cuando se sancionó la emergencia social. Necesitamos que se fortalezcan los proyectos para fortalecer la economía popular», dijo a LA NACION el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Esteban «Gringo» Castro, representante de la CTEP, aseguró que la situación social y en los comedores es cada vez más compleja. «Queremos desarrollar políticas públicas en torno de la alimentación. La ministra Stanley fue receptiva, lo que pasa es que este gobierno aplica un plan de ajuste en medio de una coyuntura electoral», dijo el dirigente social.
En tanto, en la cartera de Stanley una fuente cercana a la ministra aseguró que se va a conformar «un grupo de trabajo técnico» para tratar la ley y que, además, se acordaron «refuerzos alimentarios» para los comedores más necesitados.
La ley de emergencia alimentaria que se pretende discutir busca mejorar los programas nutricionales en los comedores, construir un «mapa territorial de malnutrición» y también crear un consejo conformado por representantes del Gobierno y de las organizaciones.
Mientras, los movimientos sociales preparan la marcha, en coincidencia con el día de San Cayetano. El año pasado, esa jornada multitudinaria los bautizó como principales traccionadores de los reclamos de la economía informal. Su presión en la calle les valió un canal de diálogo aceitado con el Gobierno e, incluso, la sanción de la ley de emergencia social. Hoy, casi un año después, buscan instalarse de manera más formal al encarar las discusiones.
