Descartada por ahora la posibilidad de un proyecto para modificar la ley de contrato del trabajo, la reforma laboral que planifica el Gobierno comenzará a materializarse con las primeras paritarias de 2018 y tendrá rasgos distintivos de acuerdo con el sector y su convenio colectivo.
En tren de disminuir los costos, hay un abanico de alternativas que están hoy en evaluación: baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extraordinarios, salvo excepciones, como un plus por presentismo, y establecer las pasantías como un atajo para capacitar personal a valores más bajos.
Es decir que en las próximas paritarias, en las que se prevé una fuerte intervención estatal, se negociarán, además de las subas salariales, la modificación de los convenios colectivos en tren de reducir costos y garantizar productividad. Así lo aseguraron a LA NACION fuentes oficiales y sindicales.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, planifica las paritarias sobre dos ejes. El primero será lo estrictamente salarial. La pauta de referencia será de 15,7 por ciento, en línea con la inflación que se proyecta en el presupuesto de 2018. Para los sectores que deban resolver su negociación durante el primer cuatrimestre, Triaca prevé subas de hasta 12% y habilitar una cláusula gatillo por inflación, aunque con el 15,7% como techo. Para los que negocien de junio en adelante no habría tanta flexibilidad para avalar el disparador en caso de una eventual escalada inflacionaria.
El otro eje de la paritaria, según el Ministerio de Trabajo, girará en torno a las necesidades sectoriales de modificar su convenio colectivo. El Gobierno exhibe dos acuerdos paradigmáticos: el sellado con los petroleros, en Vaca Muerta, y el de los lecheros de Atilra, a partir del derrumbe de SanCor.
«En las paritarias habrá una fuerte presencia del Estado y será en ese marco en el que los empresarios, con el aval del Gobierno, condicionarán el acuerdo salarial a la modificación del convenio colectivo. Como sucede hoy con el gremio de los visitadores médicos, que hace dos años que no firma su paritaria porque no acepta la flexibilización de las condiciones que pretende la industria farmacéutica», argumentó el abogado Luis Campos, referente del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
La cúpula de la CGT, sin embargo, aceptó negociar paritarias en estos términos. Lo hizo a cambio de que el oficialismo no impulse una reforma a la brasileña, como demanda un sector del empresariado doméstico, en la que se flexibilizaron la contratación y la desvinculación de trabajadores.
Garantías
Triaca les dio garantías a los gremios de que por ahora no existe un proyecto para reformar la legislación laboral ni la de asociaciones sindicales. Sí, en cambio, deslizó que podría haber novedades en lo relativo a las obras sociales.
El Gobierno, a través de una consultora española, estudia una posible fusión de obras sociales deficitarias, además de activar una auditoría para supervisar los precios de medicamentos y prestaciones.
La CGT oficializará mañana su tregua con el Gobierno en un plenario en el que los sectores díscolos serán minoría. El camionero Pablo Moyano y el puñado de sindicatos que integra la Corriente Federal, que lidera el bancario Sergio Palazzo, serán los únicos que insistirán en la necesidad de un paro o de poner la guardia en alto para rechazar cualquier intento de reforma laboral.
En la vereda de enfrente se amontonará el ala más moderada, que apuesta al diálogo con el Estado y los empresarios. Allí están el triunvirato de mando, «los Gordos» (grandes gremios de servicios) y los «independientes». Ellos lograron el respaldo de dos sectores que están hoy ajenos a la vida interna de la CGT: las 62 Organizaciones Peronistas, que articuló hasta hace poco el macrista Gerónimo Venegas, y el Movimiento de Acción Sindical Argentino, que encabeza el taxista Omar Viviani, otro dirigente de lazos fuertes con el oficialismo.
En las negociaciones informales, el Gobierno insiste en el caso de los petroleros de Vaca Muerta como el más paradigmático. ¿Qué sucedió allí? En tren de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento neuquino y de mantener los puestos de trabajo, el gremio petrolero cedió beneficios salariales. Uno fueron las denominadas «horas taxi» y otra la disminución de la cantidad de operarios por cada equipo de perforación. Hubo otra concesión importante: el gremio de Guillermo Pereyra avaló extender las contrataciones a plazo fijo. En el Gobierno proyectan que se reducirán en un 25% los costos de producción del gas no convencional y exhiben ya un plus en la productividad al cotejar los valores diarios del fracking. Otro gremio petrolero, pero el de Chubut, acordó atar algunos beneficios laborales al valor mundial del barril.
Los otros dos casos de los que suele echar mano Triaca para ejemplificar el rumbo son el de los lecheros del gremio de Atilra y el de UPCN, en el sector público.
En la industria láctea, el Gobierno acordó en mayo con empresarios y Atilra un plan para «impulsar el sector y reinsertarlo en la senda de la competitividad y el desarrollo». Se avanzó en la modernización del convenio colectivo y se convino reducir de $ 3000 a 1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3000 a 750) para las firmas más pequeñas.
En el sector público, en tanto, se acentuarían el año próximo las contribuciones extraordinarias a cambio de mayor presentismo y productividad, y se extenderán contratos a término antes de aumentar la planta permanente.
Claves de una «microrreforma»
Jorge Triaca, ministro de Trabajo
1. No habrá reforma laboral por ley del Congreso. La reforma laboral que planifica el Gobierno no se traducirá en un proyecto de ley, como ocurrió en los gobiernos de Menem y De la Rúa, sino que comenzará a materializarse con las primeras paritarias de 2018 y de acuerdo con el sector y su convenio colectivo
2. Las alternativas en discusión. Existen varias posibilidades que se barajan para negociar junto con las paritarias: baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extras como plus por presentismo, y establecer pasantías
3. Techo salarial para las paritarias 2018.Es uno de los dos ejes sobre los que planifica las paritarias el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La pauta de referencia será de 15,7 por ciento, en línea con la inflación que se proyecta en el presupuesto 2018. Para los que resuelvan negociación en primer cuatrimestre, habría cláusula gatillo
4. Los casos testigo que mira el Gobierno. El otro eje de la paritaria, según el Ministerio de Trabajo, girará en torno a las necesidades sectoriales de modificar su convenio colectivo. El Gobierno tiene dos acuerdos paradigmáticos: el de los petroleros, en Vaca Muerta, y el de los lecheros de Atilra a partir del caso SanCor
5. La mayor parte de la CGT daría su acuerdo. La cúpula de la CGT aceptó negociar paritarias en estos términos. La central oficializará mañana su tregua con el Gobierno en un plenario en el que el camionero Pablo Moyano y los sindicatos de la Corriente Federal quedarán en minoría en su reclamo de un paro
En la uatre dicen que no hay testaferros
El actual titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramón Ayala, defendió ayer a su antecesor, el fallecido dirigente gremial Gerónimo «Momo» Venegas, acusado por una de sus hijas de manejos irregulares de fondos de esa central sindical. «Es lamentable. Le pedimos que sea recatada a la hora de hablar de testaferros porque bastardea la figura de su padre», afirmó Ayala en declaraciones radiales. María Eva Venegas, una de las hijas del líder de la Uatre y el partido FE, fallecido a fines de junio pasado, afirmó que «testaferros» se «quedaron con fondos de la herencia que le correspondían. Incluyó en la supuesta lista a Carlos Arrieta, a quien vinculó como «socio» del propio Ayala. «Hubo un pedido de allanamiento al gremio por la situación del «Momo» Venegas. No tenemos ningún miedo: que nos revisen», dijo Ayala. Al igual que su antecesor, Ayala mantiene su apoyo al Gobierno y sostiene que el triunvirato de la CGT debe ser disuelto. «No da para más el triunvirato», afirmó el dirigente. «Seguimos apoyando al Gobierno. Estamos totalmente comprometidos con el proyecto», afirmó el dirigente sindical. Y dijo estar «totalmente de acuerdo» con un eventual blanqueo laboral impulsado por la Casa Rosada. «Antes de discutir salarios hay que ver cómo marcha la actividad, tenemos que ser muy cuidadosos», culminó.
