Inicio Argentina El oficialismo se reunió para analizar la sesión en Diputados

El oficialismo se reunió para analizar la sesión en Diputados

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron hoy en la Casa Rosada, en un encuentro en el que se analizó la jornada parlamentaria de ayer, donde por decisión del oficialismo volvió a comisión la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que implicó la vuelta al punto inicial del debate.

Francos y Menem dialogaron por más de una hora, poco después del mediodía, en el despacho del ministro del Interior, para considerar «la jornada legislativa de ayer en la Cámara de Diputados», así como «hacer un balance de la sesión», dijeron fuentes oficiales.

También se evaluaron «herramientas constitucionales» para llevar adelante algunos puntos de la ley que no necesiten pasar por el Congreso, ya que hay temas que no se pueden tratar por decretos de necesidad y urgencia, como por ejemplo en materia penal, impuestos y legislación vinculada con los partidos políticos, agregaron.

La vuelta a comisión de la ley fue una decisión del presidente Javier Milei, según ratificaron las fuentes, quienes indicaron que «no se está pensando» en una ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso ni tampoco en una convocatoria a corto plazo a una reunión de gobernadores provinciales.

Sostuvieron que el regreso a foja cero de la ley Bases «no se analizó en términos de derrota o triunfo», sino que se habló en el encuentro de hoy «sobre la necesidad de poder contar con las propuestas necesarias para sacar al país adelante».

La posibilidad de un plebiscito 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó hoy que «todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas» por el Gobierno nacional, entre ellas, la posible convocatoria a un plebiscito para avanzar con las reformas incluidas en la llamada ley «Bases».

«Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas y se tomará la decisión de ir por el camino correcto o que revista mayor celeridad», dijo Adorni ante una consulta en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese contexto, aseguró que a pesar de la vuelta a comisiones de la Ley Ómnibus el Gobierno está en condiciones de garantizar el equilibrio fiscal que pregona. «Esto no detiene la marcha del Gobierno ni el cambio», precisó el funcionario en la habitual conferencia de prensa.

“Los objetivos los vamos a garantizar con o sin ley. El Presidente está tranquilo con este desenlace que estaba evaluado”, detalló el día después de la labor parlamentaria, y agregó: “Nuestro ordenamiento fiscal está garantizado. En enero se logró el equilibrio financiero”.

En la misma línea continuó: “También sabíamos que este camino iba a tener resistencia, el Gobierno no es la ley, es mucho más. La ley era acelerar los plazos para salir de la decadencia. Vamos a honrar lo que eligió la gente, el país sigue en marcha y no hay nadie ni nada que lo pueda detener”.

La posibilidad de convocar a una consulta popular sería con la intención de hacer pagar “el costo” del truncado proyecto a los gobernadores que no acompañaron, a los que acusó de “traidores”.  En su ideal, fantasea con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.

Con la ley en segundo plano, y a pesar de los dichos del vocero Adorni respecto a la posibilidad de llamar a un plebiscito, por los pasillos de Casa Rosada revelan que la idea está y que “hay grandes chances” de que suceda.

Hay quienes creen que la ley “está muerta” y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma, pero saben que debe pasar por el Congreso que, creen, “está diseñado para trabar las cosas”.

Sobre el tema, estudian los casos testigo de América Latina: en Uruguay, cuando Luis Lacalle Pou hizo pasar una serie de reformas en 2022 vía consulta popular, y en Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.

“Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción era consulta popular”, alertó una fuente con despacho en Balcarce 50. 

Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión de ayer, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra. 

Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén). “Gildo, Jalil y Quintela por lo menos fueron de frente. Te digo que los prefiero”, remarcaron desde la administración.

La relación con los mandatarios provinciales se encuentra tirante a tal punto que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los gobernadores en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la ley. “A ningún gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia”, precisaron al respecto.

El enojo es tal que hay quienes cuestionan al cordobés Osvaldo Giordano, titular de ANSeS, debido a la negativa en la votación particular de su esposa, la diputada de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres aunque aseguran que continuará en funciones.