Se asoma un final impredecible para la sanción de la reforma previsional en el Congreso. Con media sanción en el Senado, el Gobierno pretende que la Cámara de Diputados apruebe el texto este mes sin que se le altere una coma. No le dará el gusto el Bloque Justicialista: el potencial aliado del oficialismo trabaja por estas horas en una propuesta con modificaciones que, de prosperar, obligaría a que la iniciativa retorne al Senado para su análisis.
«Este proyecto, así planteado, es «invotable», además de inconstitucional. No podría volver a mi provincia si la voto. Vamos a quedar como los herederos de [Fernando] De la Rúa, como los diputados que les bajamos los haberes a los jubilados», descerrajó, visiblemente inquieto, un integrante del Bloque Justicialista y fiel ladero de un gobernador de la zona pampeana.
El costo político de aprobar esta iniciativa es lo que, en efecto, genera preocupación en varios legisladores. Ya lo admitió el propio senador y jefe de bloque del PJ, Miguel Pichetto , al momento de votar el proyecto la semana pasada: «Nos toca la ingrata tarea de votar esta ley», advirtió.
Es que la reforma no sólo propone un cambio en la fórmula de actualización de los haberes que redundaría en un menor aumento para los jubilados; además, modifica la manera en que se aplicará esa actualización, ya que la nueva fórmula propone tomar los índices de actualización sobre el tercer trimestre de este año en lugar del segundo semestre de 2017, como establece la ley actual. Este cambio representaría una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la mejora que deberían recibir los jubilados en sus haberes del mes de marzo. «Estamos trabajando en cambios. Este proyecto es inconstitucional y si se aprobara sin modificaciones habría una lluvia de juicios contra el Estado», enfatizó un importante integrante del bloque peronista. El cordobés Juan Brugge, que responde al gobernador Juan Schiaretti, reconoció que van a proponer cambios «y deberá volver al Senado».
Los cambios no están definidos y todavía no se discutieron dentro de la bancada del justicialismo. Ayer, de hecho, los esfuerzos de los dirigentes peronistas y de sus respectivos gobernadores estaban dedicados más bien a conformar el flamante interbloque en la Cámara de Diputados que, según se anunció, pasará a llamarse Argentina Federal y tendrá un piso de 32 integrantes.
Este nuevo bloque será una suerte de espejo del que conduce Miguel Pichetto en el Senado: ambas bancadas afirman representar a los gobernadores peronistas.
En la Cámara baja, la bancada será presidida por Pablo Kosiner, representante del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y estará integrada por 19 miembros originarios del Bloque Justicialista.
A esos 19 integrantes está previsto que se sumen, para conformar un interbloque, los cuatro diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua, los cinco legisladores cordobeses que obedecen al gobernador Juan Schiaretti, tres tucumanos fieles al gobernador Juan Manzur y una diputada chubutense que responde al gobernador Mariano Arcioni (ex vice del fallecido Mario Das Neves).
La posibilidad de que el flamante interbloque Argentina Federal promueva cambios en la reforma previsional resulta una mala noticia para el oficialismo. En su condición de primera minoría, con 108 diputados propios, el aporte peronista es clave para alcanzar la mayoría necesaria y sancionar, sin preocupaciones, la reforma previsional.
El resto de la oposición, conformada por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la izquierda, ya anticipó su rechazo.
«La orden del Gobierno es aprobar el texto tal como vino del Senado, sin cambios», confirmaba ayer una alta fuente del interbloque Cambiemos a LA NACION. De ser así, el Gobierno deberá buscar otros aliados y arriesgarse a sancionar la ley con una mayoría muy ajustada de votos.
