Hugo Moyano no tiene previsto asistir el lunes a la gran convocatoria que hizo Mauricio Macri en el CCK en busca de consensos sectoriales para avanzar en una serie de reformas medulares, entre las que se destacarían la tributaria y una laboral. El jefe camionero, que se jacta de conservar un canal de diálogo exclusivo con el Presidente, delegará el protagonismo gremial en el triunvirato de mando de la CGT. Un sorprendente apego institucional para la corporación sindical.
La ausencia del jefe camionero escondería otros motivos. «Teme quedar pegado a una reforma laboral que perjudique a los trabajadores», lo justifican desde su círculo más íntimo. Pero nadie arriesga una ruptura en la relación con el Gobierno. Ni en camioneros, ni en la Casa Rosada.
Moyano reconoce a veces en la intimidad la crisis que atraviesan algunos sectores en los que su gremio tiene marcada influencia. Sabe por ejemplo que ante el avance tecnológico no es viable hoy la industria postal tal como funciona desde hace décadas. Se resigna a que el aggiornamiento supone una caída en el empleo. O a una forzada reconversión. El estatal Correo Argentino tiene 17.000 empleados, mientras que la privada OCA, a la que el camionero considera casi como propia, cuenta con 7000. Hay otras compañías privadas, que con el aval del gremio, negocian el subsidio Repro para mantenerse en pie.
En paralelo, Moyano ramifica otras estrategias a través de sus hijos. La familia juega en tándem y se reparte cuidadosamente los roles. Pablo Moyano reforzaría su endurecimiento retórico, aunque moderaría por un tiempo la metodología de los bloqueos y la voracidad por avanzar en la afiliación de empleados que le corresponderían a otros gremios.
Hugo delegó en Facundo, otro de sus hijos, un rol que a futuro podría ser clave. Con cargo de diputado nacional hasta 2019, Facundo Moyano presiona en el Congreso para que se traten antes del fin de año proyectos de ley vinculados a la Ley de Contrato de Trabajo. Sus propuestas podrían leerse como una suerte de «contra reforma laboral». Como lo fue la ley de doble indemnización, que vetó Macri en 2016. Es el plan B que piensa Moyano si es que se tensa su vínculo con Macri.
Una de las iniciativas de Facundo se refiere a limitar los contratos eventuales y a plazo fijo, cuya práctica, considera Moyano, suele ser fraudulenta por la falta de regulación, pero también por la falta de controles del Estado. En el borrador, se pide limitar este tipo de contrataciones: la de plazo fijo a tres años y la eventual a no más de cuatro meses al año y ocho meses en tres años. Se establece, además, que la planta de empleados a plaza fijo nunca supere el 10%. El abogado Hugo Moyano (h.) es el cerebro del proyecto, que es casi un espejo de uno de los artículos del convenio colectivo de los camioneros.
Facundo Moyano presentó, además, otros cuatro proyectos: uno es para proteger a los trabajadores fuera de convenio (al no tener paritarias sugiere que el aumento de sueldo esté ligado con el porcentaje del salario mínimo vital y móvil); otro para resguardar el sistema de seguridad social con el fin de evitar un eventual ajuste en las jubilaciones; uno sobre el control de las tercerizaciones y la responsabilidad empresarial, y el restante sobre la creación de una comisión Bicameral para seguir el impacto tecnológico en el mundo del trabajo.
La intención de Hugo Moyano de hacer jugar a Facundo tiene un cálculo político. Con el reordenamiento del peronismo, aspira a ubicar a Facundo Moyano al frente de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados en 2018. Lo conversó ligeramente con sectores del PJ no kirchnerista.
La cúpula de la CGT, que no avala formalmente las estrategias autónomas de los Moyano, prevé convocar para antres de fin de año a la liga de gobernadores del PJ y a los jefes de las bancadas legislativas con la intención de refundar el partido y obstaculizar el avance de cualquier ley que no cuente con el aval gremial.
En paralelo, la CGT ratificó su tregua con la Casa Rosada a cambio de que no habrá un proyecto oficial para modificar la ley de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales, lo que les garantiza a los gremios conservar la caja y el monopolio de afiliación. En el encuentro del martes pasado con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se acordó el respaldo de los gremios para avanzar en un plan de blanqueo laboral y en un proyecto para reducir el nivel de litigiosidad contra las obras sociales. Los gremios, además, se comprometieron a empujar la nueva ley de ART y hasta a algún sindicalista se le escapó, medio en broma y medio en serio, que estarían dispuesto a respaldar una eventual reelección de Macri, en 2019.