Por MARIANO SPEZZAPRIA
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Los empresarios señalados por el pago de coimas al Gobierno kirchnerista empiezan a admitir que las imputaciones son ciertas. Se trata de un gran avance en la constatación judicial de los hechos que describió el chofer Oscar Centeno en los ocho cuadernos en los que anotó, entre 2005 y 2015, el periplo de recaudación ilegal que protagonizó el ex funcionario de Planificación Roberto Baratta.
Las confesiones de los empresarios –hasta el momento se registraron tres, entre ellas una muy resonante, la de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri- contienen un elemento común: se presentan como víctimas de una extorsión por parte de funcionarios que les exigían “aportes de campaña” para el kirchnerismo. Caso contrario, no recibían contratos de obra pública.
Ahora será tarea del juez federal Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli determinar si esos empresarios dicen la verdad o si también eran parte del mecanismo de corrupción montado en el Ministerio de Planificación Federal. Para probar esa “asociación ilícita”, los investigadores deben verificar si los contratos eran inflados con sobreprecios que absorbían el costo de las coimas.
La experiencia del Lava Jato brasileño indica que en el vecino país, los funcionarios corruptos pedían a los empresarios dinero “para el partido”, algo que en la causa de los cuadernos empieza a traducirse como “aportes de campaña”. Calcaterra declaró que los pagos que la firma IECSA hizo a Baratta estaban destinados al financiamiento de las campañas del kirchnerismo en 2013 y 2015.
El primo de Macri fue más allá aún: afirmó que los pagos a Baratta -que hizo en los hechos un subalterno- fueron ordenados por él. Antes de confesarlo ante Bonadío y Stornelli, Calcaterra se lo anticipó al Presidente. La aparición del ex dueño de IECSA en la lista de los empresarios sospechados prueba, sostienen en el Gobierno, que no habrá intocables en esta oportunidad.
Como fuera, los últimos acontecimientos tornaron irrelevantes los cuestionamientos por la desaparición de los cuadernos originales, ya que algunos de los propios mencionados en las anotaciones de Centeno empiezan a reconocer su veracidad. A partir de ese punto, a los políticos involucrados les será mucho más difícil alegar que son víctimas de una “persecución política”.
La propia defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner esboza una estrategia tendiente a afirmar que si bien pudieron existir hechos de corrupción en su gobierno, ella no estaba al tanto. Bajo ese encuadramiento, se habría tratado sólo de “funcionarios infieles”. Algo que sería menos explicable si se comprobara que la recaudación iba a su departamento de Recoleta y a la quinta de Olivos.
