Una polémica ordenanza no deja de provocar dolores de cabeza a la intendencia de Cambiemos en la comuna de San Rosa, en Mendoza. El Concejo Deliberante del departamento, de mayoría peronista, decidió elaborar una normativa que dispone que los cargos de planta son hereditarios. Ante esta situación, que tomó trascendencia nacional, la jefa comunal de Cambia Mendoza, Norma Trigo, rechazó de plano la medida y amenazó con ir hasta la Justicia para desactivarla de lleno.
La resolución de los concejales establece que un familiar tomará el puesto en caso de jubilación o fallecimiento del titular del cargo en la planta municipal. La ordenanza fue impulsada por el arco opositor, de mayoría justicialista, como una forma de «mantener la calidad de vida de la familia municipal». El autor de la iniciativa es el concejal del PJ Marcial Ibarra, quien considera además que se trata de dar un «resguardo» ante la incertidumbre económica y laboral que vive el país.
«Esto era una práctica habitual, así lo defienden estos concejales en el proyecto, pero no corresponde», indicó Trigo, y agregó: «Si vuelven a insistir con los puestos de trabajo hereditarios, lo enviaremos a la Justicia». En síntesis, la funcionaria considera que se trata de una normativa «inconstitucional», por lo que ya vetó la norma, aunque no descarta que haya que acudir a los tribunales para ponerle un cierre definitivo.
La medida toma fuerza por estos días, luego de que en las PASO el arco peronista Somos Mendoza obtuviera en esa comuna más votos que el frente oficialista Cambia Mendoza. Santa Rosa se encuentra a más de 80 kilómetros de la capital provincial, con más de 16.000 habitantes, de los cuales 1500 trabajan en el gobierno comunal, con un largo historial de jefes comunales, empleados municipales y concejales investigados por desmanejos de los fondos públicos.
Entre los principales puntos, la ordenanza establece que «el Estado debe acompañar en reconocimiento a los años de servicio, ya que existen antecedentes de distintos intendentes de Santa Rosa de haber nombrado a un familiar directo como empleado municipal para afrontar el estado de crisis que se genera en el hogar». Asimismo, obliga al Estado comunal, en caso de jubilación o fallecimiento del titular del puesto laboral «prever el ingreso del hijo/a, esposo/a, concubino/a al cargo vacante de menor categoría y acorde a la especialidad y aptitudes, en no más de 45 días».
Mientras crece la controversia y el rechazo oficialista, el concejal Ibarra asegura que no se quedará de brazos cruzados y que insistirá en la aplicación de la ordenanza. «Esto siempre se ha hecho y de manera discrecional, de acuerdo a la voluntad del intendente y al color político, lo que termina por ser injusto. Por eso, elaboramos un marco legal, para que sea un derecho adquirido, para todos por igual».
