El Gobierno movió las piezas de manera anticipada y se reunió esta tarde con abogado de Odebrecht, la gigante brasileña que está en el ojo de la tormenta por el caso Lava Jato. La reunión estaba anunciada para mañana, pero en rigor el primer encuentro se dio hoy entre el ministro de Justicia Germán Garavano y los letrados que representan a la constructora.
Según informaron fuentes oficiales, Odebrecht ofreció una «reparación» para lograr un acuerdo macro de colaboración. «Los representantes legales de la empresa acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación», informó el Ministerio de Justicia.
«Odebretch pretende un acuerdo similar al que llegaron en Brasil. Hay que poder destrabar esta situación», señaló Garavano en diálogo con Radio Nacional. La reunión se produjo hoy en el Ministerio de Justicia entre el ministro y uno de los abogados de la empresa, Guido Tawill. Mañana continuarán los encuentros, y se sumarán Laura Alonso, por la Oficina Anticorrupción y el flamante Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El Gobierno se reunió hoy con Odebrecht. Foto: Archivo
Los términos del acuerdo
El Gobierno no puede ofrecer garantías en lo que refiere a los juicios en curso. No puede ofrecer ni impunidad ni inmunidad. En principio, los términos de un posible acuerdo estarían enmarcados en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le permita a Odebrecht seguir operando en el país, a cambio de información y una compensación por daños y perjuicios en el ámbito civil y administrativo.
En tanto, otros de los puntos que están en discusión es el impulso de la ley de Responsabilidad Empresaria (que permitiría que la empresa pueda «arrepentirse» y brindar información a la manera que ocurrió en Brasil) y el régimen de protección a testigos, que ofrece el Ministerio de Justicia.
La Justicia ve con escepticismo el acuerdo del Poder Ejecutivo, dado que el Gobierno no puede ofrecer ninguna garantía en lo que respecta a las causas judiciales en curso.
El Gobierno busca dar un fuerte gesto político en varias direcciones. Primero, como una manera de aplacar la catarsis de Elisa Carrió, que se ofuscó por la falta de avances en materia de corrupción y apuntó incluso contra sus socios de Cambiemos.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo buscó también cuestionar el trabajo de la procuradora Alejandra Gils Carbó. «Creemos que la administración pública tiene los resortes necesarios para avanzar a fondo con este tema y que se conozca públicamente lo acontecido, habida cuenta que el Ministerio Publico Fiscal no muestra el compromiso suficiente para esclarecer los hechos», dijo hoy Garavano.