El juez federal Sebastián Casanello rechazó hasta ahora todos los pedidos para que la ex presidenta Cristina Kirchner fuera citada a indagatoria como la artífice en las sombras de las maniobras de Lázaro Báez. Esta semana ordenó medidas para investigarla; entre ellas, información sobre sus llamadas telefónicas que había pedido la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para el juez, no hay datos concretos que permitan sostener que Báez giró los 60 millones al exterior actuando como testaferro de la ex presidenta. Esa fue su respuesta cuando el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, y las querellas le pidieron que la citara. La UIF y la Oficina Anticorrupción (OA), organismos que están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, llevaron la discusión a la Cámara Federal, que dos veces le ordenó al juez que diera una respuesta fundada. La OA, dirigida por Laura Alonso, y la UIF, presidida por Mariano Federici, son querellantes.
Esta semana, la UIF emitió un comunicado en el que afirmó que están convencidos de que los bienes lavados fueron puestos «en cabeza de Báez de modo tal de disimular que Cristina Fernández y su difunto esposo, Néstor Kirchner, resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el reingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces».
Para el juez, esta afirmación no tiene sustento porque no hay una sola prueba de ese supuesto reingreso. El dinero, cuyo destino final se pudo identificar, terminó en poder de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones (vía Helvetic), o en sociedades offshore, cuyos beneficiarios finales fueron los hijos de Báez. Casanello afirmó que del «mero hecho» de que la ex presidenta compartiera «relaciones delictivas» con Báez que se investigan en otras causas «no puede derivarse, sin más, que ha participado también de estas operaciones». Agregó que si fue ella quien le ordenó a Báez que pusiera a los hijos de este como beneficiarios del dinero era necesario probar «un qué, un cómo y un cuándo».
«Construir una imputación sin sustento probatorio y habilitar la instancia de defensa (la indagatoria) para luego salir a buscar la prueba que permita sustentarlo en un juicio es hacer las cosas al revés», afirmó.
Las querellas volvieron a apelar, pero además solicitaron medidas para investigar posibles contactos entre la ex presidenta y Báez, y su gente. Casanello pidió los registros de ingresos de la quinta de Olivos, los datos obtenidos de un entrecruzamiento ya dispuesto en otra causa y un informe sobre las líneas asignadas a la ex presidenta y colaboradores cercanos.
Autorizan una salida de Boudou
La Justicia autorizó a Amado Boudou a salir de la cárcel de Ezeiza, donde está detenido, para presenciar el parto de su pareja, Mónica García de la Fuente, embarazada de mellizos. La autorización es para presenciar el parto, acompañado de custodia policial, y volver al penal el mismo día. La fecha probable de parto es el 25 de enero.
