El ex ministro kirchnerista y diputado Julio De Vido fue llamado a indagatoria en las vísperas de las elecciones legislativas de octubre en una causa donde se investiga la compra de gas licuado con presuntos sobreprecios entre 2008 y 2015, informaron hoy fuentes judiciales.
La indagatoria de De Vido fue fijada por el juez federal Claudio Bonadio para el 3 de octubre, apenas unos días después de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once y poco antes de las elecciones legislativas fijadas para el domingo 22 de ese mes.
Junto a De Vido también fueron llamados a indagatoria el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en Planificación Roberto Baratta y el ex ministro de Obras Públicas del menemismo Roberto Dromi y su hijo Nicolás, quienes fueron asesores informales de la gestión kirchnerista.
La lista de indagatorias incluye a los responsables de la empresa Energía Argentina (ENARSA) Exequiel Espinosa y Walter Fagyas y a funcionarios de áreas técnicas de YPF que tuvieron relación con la compra de los barcos de gas natural licuado.
Según fuentes judiciales, Bonadio estaba esperando el resultado de unas pericias que establecieran el perjuicio que habría provocado la maniobra y que habrían indicado que los precios alcanzaron los 6.900 millones de dólares.
La causa se inició en 2014 por impulso del fiscal Carlos Stornelli para investigar «las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad», a raíz de tres denuncias diferentes: dos de un abogado particular y otra por entonces opositores del PRO, el hoy senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ahora titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.
La situación judicial de De Vido se activó el mes pasado luego de que la diputada Elisa Carrió dijo que era un intocable y de que el fiscal Stornelli pidiera su desafuero, indagatoria y detención por las irregularidades en sobreprecios para la reactivación de la mina de Río Turbio.
El juez federal Luis Rodríguez descartó el pedido por entender que no estaban dadas las condiciones para convocarlo a indagatoria, pero está llevando adelante una serie de medidas para recolectar información y definir si lo cita.
Además de la tragedia de Once, donde deberá responder por el delito de «descarrilamiento y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta», De Vido se encamina a juicio oral por la compra de trenes chatarra a España y Ecuador.
Además está procesado como miembro de una presunta asociación ilícita que concedió obra pública al empresario Lázaro Báez y que habría encabezado la ex presidenta Cristina Fernández.
Bonadio también procesó a De Vido por supuestamente entregar subsidios a colectivos y desviar más de 600 millones de pesos.
Agencia DyN
