La escalada entre el kirchnerismo y los líderes de las organizaciones sociales por el manejo de los planes sociales tuvo como punto de partida fue la orden de Cristina Kirchner a los intendentes de dar pelea de poder -disputa territorial en marcha en varios distritos del Conurbano-, mientras también está en juego la administración de una caja que ahora asciende a unos $305 mil millones.
Tras el discurso de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA Autónoma, se endureció la interna en el Frente de Todos. La Vice argumentó que con una desocupación del 7 por ciento -que, en verdad, incluye como ocupados a los beneficiarios del Potenciar Trabajo- le resultaba inconcebible que haya 1.300.000 planes que mayormente administran el Movimiento Evita –blanco principal de sus críticas-, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero, este último referenciado en la izquierda opositora.
Fue en este marco que funcionarios de extracción camporista salieron a difundir un menú de opciones para quitar a estas agrupaciones, y en particular a la secretaría de Economía Social que maneja el Evita Emilio Pérsico –a quien acusan de “atender de los dos lados del mostrador”-, la administración del programa social. En primer término, plantearon la posibilidad que sean los intendentes y los gobernadores quienes se encarguen de gestionar estos subsidios.
Los mandatarios provinciales más alineados al Instituto Patria raudamente aceptaron la propuesta. Axel Kicillof, por ejemplo, habló de “federalizar” los subsidios. Buenos Aires, según informó Jefatura de Gabinete de Nación, es el distrito con mayor cantidad de numerarios del Potenciar Trabajo con 649.007, un 51,05% del total.
El punto de partida fue la orden de Cristina de dar pelea de poder territorial
A través de un proyecto del diputado Itaí Hagman, paradójicamente cercano a Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos), también el cristinismo promueve transformar el Potenciar Trabajo en un salario universal que otorgue una suma cercana a la canasta básica a personas sin ocupación plena o que se desempeñan en la informalidad. El trasfondo de esta propuesta –que tensiona hacia dentro el vínculo entre Pérsico y el dirigente cercano al papa Francisco- es que la totalidad de los beneficios quedarían bajo la órbita de la Anses.
Ese organismo es conducido por la camporista Fernanda Raverta. En la agrupación fundada por Máximo Kirchner defienden la iniciativa porque, a su entender, permitiría terminar con la “discrecionalidad” que le adjudican a los referentes sociales y sería una “política de ingreso” eficaz.
Los intendentes, por su parte, proponen que los beneficiarios trabajen “20 horas semanales en su barrio” y reciban un plus municipal con una cobertura médica, que, también insisten, permitiría “eliminar las intermediaciones” de los referentes sociales,
Hay una brutal disputa, por mucho dinero y, en consecuencia, poder político
En el fondo, como se contó en esta columna, hay una pelea política por la decisión de los referentes sociales de competir en las elecciones de 2023 en municipios del Gran Buenos Aires, el bastión electoral del kirchnerismo. Ante lo que considera un desafío, que bien podría “dividir” el voto oficialista en los distritos favoreciendo a la oposición, la Vice ahora intenta licuar el poder de los dirigentes de los movimientos populares.
Mientras, merced al aumento de los montos de los subsidios -corresponden a la mitad del salario mínimo-, Economía autorizó una transferencia de $77 mil millones al programa: así los fondos pasaron de $ 227.100 millones a $ 304.825 millones para este año.
Hacia afuera hay una brutal disputa entre dirigentes de ambas trincheras, por mucho dinero y, en consecuencia, poder político.
